La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó presuntos daños al erario por 65 mil 169 millones de pesoscorrespondientes a la tercera entrega de la Cuenta Pública del último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La cifra fue dada a conocer en los informes individuales de auditoría, en los que se detallan recursos cuyo uso aún debe aclararse, posibles irregularidades administrativas y montos pendientes de comprobación.
¿Qué significa “presunto daño”?
El término no implica automáticamente desvío confirmado. La ASF identifica recursos que no han sido plenamente comprobados o presentan inconsistencias documentales, contractuales o contables.
Las dependencias señaladas tienen la oportunidad de solventar las observaciones mediante la entrega de documentación adicional o la aclaración del destino del gasto.
Áreas observadas
Las irregularidades reportadas se concentran en distintas dependencias federales, empresas productivas del Estado, programas sociales y proyectos de infraestructura.
El monto observado forma parte del proceso ordinario de fiscalización que cada año realiza la ASF sobre el ejercicio del gasto público federal.
El proceso que sigue
En caso de que las observaciones no sean solventadas, la ASF puede promover responsabilidades administrativas o presentar denuncias penales ante las instancias correspondientes. No obstante, el proceso de revisión puede extenderse durante meses o incluso años.
No todas las observaciones derivan en daño patrimonial confirmado; algunas se aclaran durante el proceso de fiscalización.
Contexto
La revisión de la Cuenta Pública es un mecanismo constitucional de control que busca garantizar transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos. El monto reportado corresponde a la fase de auditoría técnica, previa a cualquier determinación definitiva de responsabilidad.
Con 65 mil 169 millones de pesos bajo revisión, el proceso de fiscalización del último año del sexenio se convierte en uno de los más relevantes en términos de monto observado, aunque su desenlace dependerá de la etapa de solventación y las determinaciones legales posteriores.
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