Claudia Sheinbaum descartó en la mañanera que el Gobierno de Estados Unidos pueda extraer del país a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, después de los señalamientos en su contra. Al ser cuestionada sobre si podría ocurrir un escenario parecido al de Ismael “El Mayo” Zambada, la presidenta respondió: “No, no creemos que eso vaya a ocurrir. No debe ocurrir”.
La comparación no es menor. El caso de “El Mayo” dejó dudas sobre cómo salió de México y abrió un debate sobre soberanía, acuerdos, operaciones fuera de los canales formales y hasta dónde puede llegar la presión de Estados Unidos en territorio mexicano. Ahora, con Rocha Moya bajo señalamientos desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, la pregunta política se vuelve inevitable: si con “El Mayo” pasó, ¿por qué con un gobernador no podría pasar?
Sheinbaum también negó versiones sobre una posible fuga, entrega o salida del país, y aseguró que Rocha Moya sigue en Sinaloa. Además, calificó los rumores como parte de una campaña de propaganda contra la 4T. Con ello, la presidenta no solo buscó frenar una versión que empezó a crecer en el debate público, sino también marcar una línea frente a Estados Unidos: cualquier proceso tendría que realizarse por vías legales, con pruebas, cooperación formal y respeto a la soberanía nacional.
Pero ahí aparece el punto más incómodo. Cuando el señalado pertenece al círculo político de Morena, el discurso oficial se centra en soberanía, debido proceso y presunción de inocencia. Sin embargo, críticos del gobierno cuestionan si esa defensa se aplica con la misma fuerza en todos los casos o si depende de quién sea el personaje señalado. En otras palabras: ¿la soberanía se defiende siempre o solo cuando el golpe político pega dentro de la 4T?
Por ahora, Sheinbaum intenta cerrar el rumor más fuerte: que Rocha Moya pueda ser sacado del país por autoridades estadounidenses. Pero el caso ya dejó abierta una discusión más profunda sobre poder, justicia, presión internacional y el doble rasero con el que se procesan políticamente las acusaciones incómodas en México.
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