Gerardo Fernández Noroña criticó que exfuncionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos hayan salido de México sin estar bajo vigilancia o con límites de movilidad. El senador de Morena cuestionó que se les permitiera moverse libremente, después de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, quedaran en custodia de autoridades estadounidenses.
El punto incómodo es que Noroña no puso el foco principal en las acusaciones por presuntos vínculos con el narco, sobornos o protección institucional. Su molestia parece ir hacia otra parte: que México los dejó ir y que ahora podrían colaborar con fiscales de Estados Unidos. Es decir, el problema no sería solo que estén acusados, sino que puedan hablar fuera del control político mexicano.
Y ahí está el verdadero riesgo para Morena. Si estos exfuncionarios cooperan con Estados Unidos, el caso puede dejar de ser una acusación extranjera para convertirse en testimonios, documentos, rutas de dinero, nombres y detalles sobre cómo habría operado una presunta red de protección dentro del gobierno de Sinaloa.
La narrativa oficial ha sido pedir pruebas, hablar de soberanía y defender el debido proceso. Pero ahora dos piezas clave del círculo de Rubén Rocha Moya están frente a fiscales estadounidenses, no ante instituciones mexicanas. Y eso cambia todo: en México se puede cerrar filas, bajar el tono o convertir el caso en pleito político; en una corte de Estados Unidos, cada declaración puede convertirse en evidencia.
Noroña dice que debieron vigilarlos. Pero la pregunta real es otra: ¿querían justicia o querían evitar que hablaran fuera del control de Morena? El caso Sinaloa ya se le salió del libreto a la 4T, y si los testigos empiezan a contar lo que saben, el problema ya no será la oposición. Será lo que puedan revelar los suyos.
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