Este 3 de julio se cumplieron los 180 días desde que Delcy Rodríguez asumió la Presidencia encargada de Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia la designara tras la captura y salida de Nicolás Maduro del país. Su nombramiento se sustentó en que la ausencia del mandatario fue considerada una falta temporal, permitiendo que la entonces vicepresidenta asumiera el Poder Ejecutivo de manera provisional.
La Constitución venezolana establece que una falta temporal del presidente puede extenderse por un máximo de 180 días. Diversos constitucionalistas, organizaciones civiles y sectores de la oposición sostienen que, al agotarse ese plazo, corresponde declarar la falta absoluta y convocar a nuevas elecciones presidenciales en un periodo de 30 días. Desde esa interpretación, la permanencia de Delcy Rodríguez carecería ya de sustento constitucional.
Sin embargo, el gobierno venezolano rechaza esa lectura. El Tribunal Supremo creó la figura de la “ausencia forzosa”, una categoría que no aparece expresamente en la Constitución y que ha servido para mantener a Rodríguez en el poder sin declarar la falta absoluta de Maduro ni iniciar un proceso electoral. Ese criterio ha sido duramente cuestionado por especialistas en derecho constitucional y organizaciones defensoras de la democracia.
La oposición sostiene que el chavismo volvió a modificar las reglas para preservar el control del poder. Sus dirigentes afirman que el vencimiento del plazo constitucional demuestra que el país atraviesa una nueva crisis de legitimidad y exigen que se respete el procedimiento previsto por la Constitución para restituir el orden institucional mediante elecciones libres.
El debate trasciende lo jurídico. La continuidad de Delcy Rodríguez ocurre en medio de una compleja crisis política, económica y humanitaria, agravada en los últimos días por los terremotos que golpearon el norte de Venezuela y que han puesto a prueba la capacidad de respuesta del gobierno. Mientras tanto, el silencio del Tribunal Supremo sobre el vencimiento del plazo alimenta las críticas de quienes consideran que las instituciones han dejado de actuar como contrapeso del poder.
Seis meses después de asumir el cargo de manera provisional, el reloj constitucional llegó a su límite. Ahora la discusión ya no gira únicamente en torno a lo que establece la ley, sino a quién tiene la voluntad política de hacerla cumplir.
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