La ministra Lenia Batres volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de defender que los recursos de una Afore entregados a los beneficiarios de un trabajador fallecido puedan pagar Impuesto Sobre la Renta.
El caso discutido gira en torno al dinero acumulado durante la vida laboral de una persona y que, tras su muerte, es entregado a sus familiares o beneficiarios legales. Es decir, no se trata de un premio, una ganancia inesperada ni un recurso regalado, sino del ahorro construido con años de trabajo, aportaciones del propio trabajador, del patrón y del Estado.
La postura de Batres generó cuestionamientos porque, de acuerdo con su argumento, los beneficiarios no deberían recibir esos recursos libres de impuestos, ya que ellos no los generaron directamente con su propio esfuerzo. Desde esa visión, el dinero recibido por los familiares podría ser considerado ingreso sujeto al pago de ISR.
Sin embargo, la crítica apunta a un punto de fondo: ese ahorro ya proviene de una vida laboral en la que el trabajador pagó impuestos, cotizó y aportó al sistema de seguridad social. Por ello, cobrar nuevamente al momento de entregar los recursos a la familia abre el debate sobre una posible doble carga fiscal.
El tema resulta especialmente sensible porque ocurre en un momento de duelo. Para muchas familias, los recursos de la Afore de un trabajador fallecido representan un respaldo económico indispensable tras la pérdida de quien sostenía parte o la totalidad del hogar.
La discusión también tiene una dimensión política. Mientras en México existen mecanismos, exenciones y tratamientos fiscales que pueden beneficiar a grandes patrimonios o herencias, la idea de cobrar ISR sobre el ahorro laboral de una familia trabajadora ha sido leída por críticos como una medida injusta y contradictoria con el discurso de justicia social.
La pregunta central no es si el Estado debe recaudar, sino hasta dónde puede hacerlo sin castigar a quienes ya construyeron ese patrimonio con años de trabajo formal. Porque una cosa es combatir privilegios y otra muy distinta es gravar el último ahorro de una familia que acaba de perder a uno de sus integrantes.
La postura de Lenia Batres terminó siendo cuestionada precisamente por eso: porque, bajo el argumento de la redistribución, abre la puerta a que el Estado cobre impuestos sobre recursos que para muchas familias no son riqueza acumulada, sino la última protección económica que dejó un trabajador después de toda una vida laboral.
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