Una demanda presentada por una exalumna de Cornell University volvió a poner bajo escrutinio la respuesta de la institución y de las autoridades ante una presunta violación grupal ocurrida en 2024. La joven acusa a siete entonces integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y agredido sexualmente durante varias horas.
La víctima denunció los hechos ante la policía universitaria semanas después. Sin embargo, la investigación realizada en aquel momento no derivó en cargos penales contra ninguno de los siete señalados.
Cornell llevó a cabo su propio procedimiento interno, que concluyó con expulsiones y suspensiones para algunos de los involucrados. La joven, por su parte, terminó abandonando la universidad. Su defensa sostiene que la respuesta de las autoridades fue insuficiente y que su denuncia no fue investigada adecuadamente, mientras Cornell asegura que realizó un proceso que se extendió durante varios meses.
Casi dos años después de los hechos y tras hacerse pública la demanda de la exalumna, la Fiscalía del condado de Tompkins decidió reabrir la investigación penal. El caso será presentado ante un gran jurado, que podrá intervenir en la determinación de posibles cargos.
La controversia escaló además al ámbito estatal. La gobernadora de Nueva York pidió una investigación independiente sobre la actuación de Cornell frente al caso, mientras integrantes de la comunidad universitaria han exigido respuestas sobre la manera en que fueron atendidas las acusaciones.
Hasta ahora, ninguno de los siete señalados enfrenta cargos penales por estos hechos. Las acusaciones permanecen como alegaciones que deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.
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