En México, la gran mayoría de los delitos no se investigan o no llegan a resolverse. De acuerdo con datos del INEGI, más del 90% de los delitos ni siquiera se denuncian, y de los pocos que sí entran al sistema, una mínima parte avanza hasta una sanción. El resultado es contundente: en la práctica, el país opera bajo un esquema donde delinquir casi nunca tiene consecuencias.
El problema comienza desde el origen. La mayoría de las víctimas decide no denunciar por miedo, desconfianza o porque considera inútil acudir a las autoridades. Esta falta de denuncia no es un detalle menor, es el primer eslabón de una cadena rota. Cuando el delito no se reporta, no existe para el sistema, y cuando sí se reporta, muchas veces queda atrapado en procesos que no avanzan o simplemente se abandonan.
Pero incluso cuando hay denuncia, la situación no mejora significativamente. Las investigaciones son limitadas, las carpetas se acumulan y los casos rara vez llegan a una resolución efectiva. La capacidad institucional para investigar, procesar y sancionar sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el discurso ha insistido en la transformación del país y el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, los datos muestran que en materia de justicia la realidad no ha cambiado de fondo. La impunidad sigue siendo la regla y no la excepción.
Esto no es solo un indicador estadístico. Es la razón por la que el crimen se repite y se expande. Cuando el sistema no castiga, envía un mensaje claro: el riesgo de enfrentar consecuencias es mínimo. Y en ese escenario, la ley pierde fuerza frente a la violencia.
El problema no es únicamente que existan delitos, sino que el sistema encargado de enfrentarlos no está funcionando. Mientras la mayoría de los casos quede sin investigar y sin castigo, la impunidad seguirá siendo uno de los principales motores de la inseguridad en México.
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