La muerte de dos funcionarios estadounidenses y mandos estatales tras un operativo contra laboratorios de droga en Chihuahua abrió un frente que va más allá del hecho en sí. La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum —afirmar que su gobierno no tenía conocimiento de la presencia de ese personal— colocó el foco en un punto más delicado: el nivel real de control y coordinación en temas de seguridad nacional.
No se trataba de un evento menor. La presencia de personal estadounidense, en el contexto de un operativo de alto impacto contra el crimen organizado, no es un detalle administrativo. En un país donde la seguridad es uno de los temas más sensibles, cualquier colaboración internacional debería estar plenamente registrada, autorizada y coordinada. Por eso, la afirmación de desconocimiento no cierra el caso, lo complica.
El problema no es la cooperación en sí. México ha mantenido durante años distintos niveles de colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, inteligencia y capacitación. Esa relación, aunque muchas veces discreta, es parte de la realidad operativa del país. El punto crítico es otro: que frente a un hecho de esta magnitud, la narrativa oficial sea la sorpresa.
Ahí es donde se abre el vacío. Si el Gobierno federal no tenía conocimiento, entonces hay una falla de control en operaciones sensibles que involucran actores extranjeros. Si sí lo tenía, pero no se reconoce, el problema es de transparencia y credibilidad. En ambos escenarios, la postura no fortalece al gobierno, lo expone.
Además, el caso deja ver algo más profundo: la fragilidad en la coordinación entre niveles de gobierno. En un esquema donde estados, federación y actores internacionales pueden coincidir en un mismo entorno operativo, la falta de claridad sobre quién sabe qué y bajo qué condiciones se actúa no es menor. Es una señal de desorden en uno de los ámbitos más críticos del país.
El episodio no solo deja víctimas, deja preguntas. Qué tipo de acuerdos existen, cómo se autorizan, quién los supervisa y bajo qué marco legal operan. Sin respuestas claras, el caso deja de ser un incidente aislado y se convierte en un reflejo de un problema estructural: la opacidad en la gestión de la seguridad.
En ese contexto, el “no sabíamos” no es una salida política. Es el punto que abre la discusión sobre hasta dónde llega el control del Estado en su propio territorio y qué tan transparente es la forma en que se manejan sus decisiones más sensibles.
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