Un audio.
Una denuncia interna.
Y un contralmirante asesinado meses después.
La investigación difundida por Aristegui Noticias volvió a colocar en el centro del debate un tema que el discurso oficial había presentado como controlado: el huachicol. Pero no el robo con perforación de ductos, sino una modalidad más compleja y menos visible: el llamado huachicol fiscal.
El denunciante
Fernando Rubén Guerrero Alcántar era contralmirante de la Secretaría de Marina. De acuerdo con el reportaje periodístico, en junio de 2024 sostuvo una reunión con el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en la que expuso la existencia de una presunta red de corrupción vinculada con la importación irregular y triangulación de combustible a través de aduanas marítimas.
En el audio difundido se escucha al contralmirante advertir sobre sobornos y mecanismos internos que, según su versión, permitían el ingreso y comercialización de combustible bajo esquemas irregulares.
Posteriormente, según la misma investigación, Guerrero también habría sostenido reunión con el nuevo titular de Marina en la administración de Claudia Sheinbaum, Raymundo Pedro Morales Ángeles, insistiendo en la necesidad de investigar la red señalada.
Hasta el momento, no existe imputación pública formal contra los secretarios mencionados. Las referencias provienen de la grabación difundida y de la reconstrucción periodística del caso.
El asesinato
El 8 de noviembre de 2024, Guerrero fue asesinado en Manzanillo, Colima. El homicidio ocurrió meses después de haber realizado las denuncias que hoy forman parte de una investigación federal.
No existe sentencia judicial que establezca una relación directa entre su denuncia y el crimen. Sin embargo, la secuencia temporal y el contenido del audio detonaron cuestionamientos públicos sobre posibles represalias y la protección a denunciantes dentro de instituciones de seguridad.
¿Qué es el huachicol fiscal?
A diferencia del robo directo de combustible mediante perforación de ductos, el huachicol fiscal opera en el ámbito aduanero y tributario.
Implica esquemas como:
•Importaciones con clasificación alterada de mercancía.
•Subvaluación de cargamentos para reducir impuestos.
•Triangulación a través de empresas fachada.
•Uso indebido de permisos o documentación.
El combustible entra al país bajo apariencia de legalidad, pero evade cargas fiscales o modifica su destino comercial real. Esto puede generar pérdidas millonarias al erario y distorsionar el mercado energético.
El trasfondo institucional
El control de aduanas estratégicas, incluidas las marítimas, fue transferido a la Secretaría de Marina como parte de una estrategia de combate a la corrupción. Si dentro de esa estructura operara una red irregular, el impacto sería mayor que el de un caso administrativo aislado.
No solo se trataría de evasión fiscal, sino de posibles vínculos entre actores económicos, funcionarios y redes criminales con capacidad de mover grandes volúmenes de combustible.
Hasta ahora, existen investigaciones abiertas y menciones de posibles implicaciones de mandos. No hay sentencia definitiva sobre la red denunciada. La Marina ha señalado que colabora con las autoridades competentes.
La pregunta pendiente
El caso no solo plantea si existió o no una red de huachicol fiscal dentro de estructuras navales. También abre una discusión más amplia sobre mecanismos de protección a denunciantes en instituciones de seguridad.
Cuando un mando señala presuntas irregularidades internas y posteriormente es asesinado, el debate público no gira únicamente en torno a culpabilidades penales, sino a la confianza institucional.
El audio ya es público.
La investigación sigue abierta.
Y la pregunta permanece: ¿qué tan blindadas están las instituciones frente a la corrupción que dicen combatir?
Leave a Reply