El alcalde de Tequila, Diego Rivera, fue detenido por su presunta participación en un intento de extorsión contra grandes casas tequileras, en un caso que ya escala a nivel federal y sacude a una de las industrias más importantes de México.
De acuerdo con las investigaciones, las empresas señaladas serían José Cuervo y Tequila 1800, ambas propiedad de Becle, el gigante global del tequila. No se trata de negocios menores: José Cuervo es considerada la tequilera más grande del mundo y un símbolo internacional de la marca México.
La cifra que trascendió es contundente. El edil habría intentado cobrar alrededor de 4 millones de dólares mediante aumentos e impuestos extraordinarios. Según autoridades, el esquema incluía clausuras por supuestas faltas administrativas, presión fiscal y condicionamientos para permitir la operación normal de las empresas.
El impacto del caso va más allá del municipio. La industria del tequila genera más de 4 mil millones de dólares anuales en exportaciones y es uno de los motores económicos de Jalisco y del país. Cualquier señal de inestabilidad o presión indebida contra inversionistas tiene repercusiones directas en la confianza y en la imagen internacional.
Ante el escándalo, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció intervención estatal para garantizar certeza jurídica a las empresas y proteger la inversión. El caso ya es investigado por la Fiscalía General de la República, y a Diego Rivera se le vincula además con otros posibles delitos e incluso con presuntas conexiones con el crimen organizado.
No se trataba de un cobro administrativo menor.
Las acusaciones apuntan a presión directa contra marcas globales en uno de los sectores más estratégicos del país.
El escándalo apenas comienza… y sus implicaciones podrían ir mucho más allá de Tequila.
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