Nicaragua dio uno de los pasos más drásticos de su historia reciente. El presidente Daniel Ortega anunció que en el país ya no volverá a haber elecciones, eliminando la posibilidad de que la oposición pueda llegar al poder mediante el voto y cancelando, de facto, los comicios previstos para 2027.
Con esta decisión, el régimen sandinista elimina la única vía pacífica de alternancia democrática. Ortega justificó la medida al afirmar que no permitirá que la oposición “atrape el poder” y adelantó que impulsará cambios legales para impedir futuros procesos electorales competitivos.
El anuncio llega después de años de denuncias internacionales por el deterioro de la democracia en Nicaragua. Organismos como la ONU han documentado detenciones arbitrarias, persecución de opositores, cierre de medios de comunicación, cancelación de partidos políticos, expulsión de organizaciones civiles y un creciente control del Estado sobre todas las instituciones públicas.
Desde su regreso al poder en 2007, Daniel Ortega ha consolidado un sistema en el que comparte la Presidencia con su esposa, Rosario Murillo, mientras el oficialismo mantiene el control del Congreso, el Poder Judicial y los organismos electorales. Diversos gobiernos y organizaciones internacionales ya calificaban al país como un régimen autoritario incluso antes de este anuncio.
Tras las declaraciones de Ortega, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que la medida representa un nuevo golpe contra las libertades políticas y profundiza la concentración del poder en Nicaragua. La decisión también provocó condenas de gobiernos extranjeros y organismos internacionales, que consideran que el país se aleja aún más de cualquier estándar democrático.
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