México atraviesa una de las crisis de desaparición más graves de su historia. Cuando Morena asumió el Gobierno federal en diciembre de 2018, el Registro Nacional contabilizaba alrededor de 53 mil personas desaparecidas y no localizadas. Actualmente, esa cifra supera las 135 mil, lo que significa que durante los gobiernos morenistas se han incorporado más de 81 mil nuevos casos al registro nacional.
Las cifras reflejan que el problema no solo no se detuvo, sino que continuó creciendo en los últimos años. Mientras el Gobierno federal sostiene que ha fortalecido las labores de búsqueda, identificación y atención a víctimas, la magnitud del fenómeno mantiene a México en una situación de emergencia en materia de derechos humanos.
En contraste, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas denuncian desde hace años que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Acusan falta de coordinación entre autoridades, retrasos en las investigaciones, escasez de recursos y deficiencias en los procesos de búsqueda e identificación forense, lo que ha obligado a miles de familias a salir por su cuenta a recorrer cerros, desiertos, ranchos y fosas clandestinas en busca de sus seres queridos.
La crisis también ha sido documentada por organismos nacionales e internacionales, que han advertido sobre la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de investigar estos delitos, combatir la impunidad y garantizar la localización de las víctimas. Mientras tanto, el número de personas desaparecidas continúa aumentando año con año.
Con más de 135 mil personas desaparecidas registradas en el país, el debate ya no gira únicamente en torno al tamaño de la crisis, sino a la capacidad del Estado para responder a ella. Para miles de familias, la prioridad sigue siendo la misma: encontrar a sus seres queridos y obtener verdad y justicia, mientras exigen que las desapariciones dejen de ser una estadística y se conviertan en una verdadera prioridad nacional.
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