El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso sanciones por aproximadamente 36.9 millones de pesos a Morena, tras resolver diversos procedimientos relacionados con la afiliación de ciudadanos que aparecían registrados como militantes sin que se hubiera acreditado su consentimiento.
La resolución fue discutida durante la sesión del Consejo General del INE celebrada el 15 de octubre de 2026, en la que se analizaron 36 procedimientos ordinarios sancionadores, de los cuales 26 estaban relacionados con posibles afiliaciones indebidas a partidos políticos.
De acuerdo con el organismo electoral, las investigaciones permitieron acreditar que 249 personas fueron afiliadas sin que existieran pruebas suficientes de su autorización. Esta cifra corresponde a casos de distintas fuerzas políticas y no exclusivamente a Morena.
El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador concentró la mayor parte de las sanciones económicas derivadas de los expedientes discutidos, lo que provocó cuestionamientos sobre sus mecanismos de registro y verificación de militantes.
La controversia surgió a partir de denuncias ciudadanas presentadas por personas que descubrieron que sus nombres aparecían en padrones partidistas sin haber solicitado su incorporación.
En algunos procedimientos se presentaron documentos y registros electrónicos como evidencia de las afiliaciones. Sin embargo, la autoridad electoral determinó que no existían elementos suficientes para acreditar la voluntad de los ciudadanos involucrados.
El problema no es menor. La legislación mexicana establece que la afiliación a un partido político debe ser libre, individual y voluntaria, por lo que ninguna organización puede incorporar personas a sus registros sin su autorización.
La sanción también se suma a antecedentes que han generado debate sobre los mecanismos utilizados para incrementar los padrones partidistas.
Durante la sesión, representantes políticos señalaron que Morena acumularía cerca de 70.4 millones de pesos en sanciones relacionadas con afiliaciones indebidas desde octubre de 2025. Esta cantidad fue expuesta durante la discusión y debe distinguirse de los montos correspondientes a las resoluciones más recientes.
Por su parte, representantes de Morena rechazaron que los casos denunciados permitan desacreditar a toda su militancia y argumentaron que las irregularidades deben analizarse individualmente, considerando las dimensiones del padrón del partido.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, también reconoció que las afiliaciones indebidas no son exclusivas de una fuerza política y sostuvo que cada expediente debe resolverse conforme a sus pruebas, sin establecer conclusiones generales sobre todos los militantes de una organización.
Sin embargo, la discusión abre nuevas preguntas sobre la confiabilidad de los registros partidistas y los controles que deben existir para evitar que ciudadanos sean incorporados sin autorización.
El caso adquiere especial relevancia porque los partidos políticos reciben financiamiento público para desarrollar sus actividades, y las sanciones económicas por incumplimientos electorales pueden afectar los recursos que tienen asignados.
Además, las irregularidades relacionadas con los padrones pueden vulnerar el derecho de los ciudadanos a decidir libremente si desean participar en una organización política o mantenerse al margen de cualquier partido.
Ante esta situación, el INE anunció que impulsará un diálogo con las fuerzas políticas para revisar los procedimientos de afiliación y fortalecer los mecanismos que permitan verificar la autenticidad de los registros.
La sanción contra Morena vuelve a colocar sobre la mesa una exigencia fundamental: que el crecimiento de los partidos esté respaldado por la voluntad real de sus integrantes y no por registros cuya autenticidad no pueda demostrarse.
Porque más allá de los millones de pesos en multas, el problema central es el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos.
La pregunta es inevitable: ¿qué tan confiables son los padrones de militantes si hay personas que pueden aparecer afiliadas a un partido sin haberlo autorizado?
Y, sobre todo, ¿quién garantiza que cualquier mexicano pueda ejercer su derecho a decidir libremente si quiere o no pertenecer a una organización política?
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