Más de 113 mil personas se encuentran privadas de la libertad en México sin haber recibido una sentencia que determine su culpabilidad. La cifra evidencia uno de los principales problemas del sistema de justicia penal: miles de personas pueden permanecer meses o incluso años en prisión mientras esperan que un juez resuelva definitivamente sus casos.
Estar encarcelado sin sentencia no significa necesariamente que estas personas sean inocentes, pero tampoco que el Estado haya demostrado su responsabilidad en los delitos que se les imputan. Mientras continúan sus procesos judiciales, permanecen privadas de la libertad bajo distintas modalidades de prisión preventiva.
El fenómeno, además, ha crecido considerablemente. En apenas un año, la población penitenciaria sin sentencia pasó de alrededor de 94 mil a casi 114 mil personas, lo que representa un incremento superior a 19 mil casos.
Para una parte de esta población, la prisión preventiva termina funcionando en los hechos como una condena anticipada. Hay personas que esperan una resolución durante meses y otras que acumulan años detrás de las rejas. Uno de los casos más representativos es el de Israel Vallarta, quien permaneció casi 19 años en prisión sin recibir sentencia antes de ser finalmente absuelto.
La prisión preventiva tiene como finalidad garantizar que una persona enfrente su proceso judicial y evitar riesgos como la fuga o la obstaculización de las investigaciones. Sin embargo, su utilización ha generado un amplio debate sobre la presunción de inocencia, el debido proceso y la capacidad del sistema judicial mexicano para resolver los casos con rapidez.
La cifra deja una pregunta de fondo para la justicia mexicana: si la prisión debe ser consecuencia de una culpabilidad demostrada o si, para miles de personas, el castigo está llegando antes que la sentencia.
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