La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados aprobó una nueva legislación para conectar y homologar la información catastral y registral de los inmuebles del país, un cambio que permitirá integrar mediante sistemas interoperables datos sobre propiedades, ubicación, características y movimientos registrales.
La reforma permitirá construir una radiografía mucho más completa del patrimonio inmobiliario en México. Con catastros y registros conectados, las autoridades tendrán mayores posibilidades de identificar propiedades fuera del padrón, inconsistencias entre bases de datos y valores catastrales desactualizados.
Aunque la legislación no aumenta directamente el impuesto predial, la nueva infraestructura también puede fortalecer la fiscalización y facilitar que las autoridades detecten inmuebles que actualmente no están correctamente registrados o valuados.
Otro de los puntos que ha generado cuestionamientos es la privacidad. La concentración e intercambio de información patrimonial abre preguntas sobre quién podrá acceder a esos datos, qué instituciones podrán cruzarlos, con qué otras bases de información y cuáles serán los límites para su utilización.
También existe una discusión constitucional. El artículo 115 protege facultades de los municipios relacionadas con su hacienda y el predial, mientras que los artículos 6 y 16 establecen protecciones relacionadas con los datos personales y la privacidad. La oposición ha advertido que los lineamientos y sistemas nacionales podrían terminar condicionando la manera en que los municipios administran sus catastros.
Durante la discusión legislativa, legisladores opositores solicitaron realizar un parlamento abierto y ampliar la participación de estados, municipios y especialistas antes de avanzar con una transformación de esta magnitud, propuesta que no prosperó.
La discusión, por tanto, va más allá de modernizar catastros. Una vez conectados los sistemas, el Estado podrá conocer con mucha mayor precisión qué propiedades existen, dónde están, cómo están registradas y cuáles son sus características.
La pregunta que queda abierta es hasta dónde podrá utilizarse toda esa información y qué controles existirán para evitar abusos.
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