La presidenta Claudia Sheinbaum abrió una nueva controversia política después de condenar la actuación policial contra manifestantes en Guadalajara, Jalisco, y asegurar que la represión no conduce a ninguna solución. Sus declaraciones han reavivado el debate sobre los operativos de seguridad realizados durante su administración como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los recientes señalamientos contra autoridades capitalinas encabezadas por Morena.
El posicionamiento presidencial surgió después de que una manifestación por la crisis del agua en Guadalajara terminara en enfrentamientos entre ciudadanos y policías frente a Casa Jalisco, sede del gobernador Pablo Lemus. Durante el operativo se utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión, lo que provocó denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Ante estos acontecimientos, Sheinbaum pidió explicaciones a las autoridades estatales y sostuvo que el diálogo debe prevalecer sobre la represión. Sin embargo, sus palabras también han generado cuestionamientos sobre los criterios que utiliza para evaluar la actuación de las fuerzas de seguridad cuando los operativos ocurren bajo gobiernos de su propio partido.
Uno de los antecedentes más recientes corresponde a las protestas de madres buscadoras durante el Mundial de Futbol de 2026 en la Ciudad de México. Familiares de personas desaparecidas denunciaron haber sido encapsulados por elementos policiales cuando intentaban manifestarse para exigir justicia y visibilizar la crisis de desapariciones en el país.
Los colectivos señalaron restricciones a su derecho de protesta y denunciaron agresiones durante los operativos. Las autoridades capitalinas, por su parte, defendieron las acciones de seguridad y rechazaron que existiera una orden de reprimir a las manifestantes.
Aunque estos hechos ocurrieron durante la administración de Clara Brugada y no bajo el mando directo de Sheinbaum, las denuncias han provocado cuestionamientos sobre la respuesta política frente a operativos realizados por gobiernos de Morena.
La controversia también tiene antecedentes durante la gestión de la propia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entre 2018 y 2023.
En septiembre de 2020, durante una movilización feminista, elementos de la policía capitalina encapsularon a manifestantes e impidieron que parte del contingente continuara su recorrido hacia el Zócalo. La actuación fue cuestionada por participantes y organizaciones que consideraron que se habían restringido sus derechos.
En aquella ocasión, Sheinbaum defendió el operativo al señalar que las medidas buscaban prevenir enfrentamientos y garantizar la seguridad, argumentando que algunas participantes portaban objetos que podían representar un riesgo.
Este antecedente resulta relevante frente a sus declaraciones actuales, pues muestra que durante su administración también se utilizaron mecanismos de contención policial que fueron denunciados como represivos.
Las movilizaciones feministas del 8 de marzo también han sido escenario de controversias por el despliegue de vallas, cercos policiales y denuncias de uso excesivo de la fuerza en distintos años.
Aunque la presencia de elementos de seguridad no constituye automáticamente un acto de represión, los encapsulamientos, las restricciones injustificadas a la movilidad y el uso desproporcionado de la fuerza pueden representar vulneraciones al derecho de manifestación.
La diferencia entre garantizar la seguridad y restringir indebidamente una protesta depende de las circunstancias de cada operativo, la necesidad de las medidas aplicadas y el respeto a los derechos de las personas participantes.
Sin embargo, la discusión política surge cuando actuaciones similares reciben valoraciones distintas dependiendo de las autoridades responsables.
En Jalisco, Sheinbaum exigió explicaciones por la intervención policial y defendió la necesidad de privilegiar el diálogo. En contraste, durante su gobierno capitalino justificó determinados operativos de contención que habían generado denuncias de represión.
Esto no significa que ambos episodios sean idénticos ni demuestra que la presidenta haya ordenado personalmente las actuaciones policiales registradas recientemente en la Ciudad de México. No obstante, sí permite cuestionar la consistencia de sus posicionamientos públicos frente al uso de la fuerza en manifestaciones sociales.
El debate también alcanza a las protestas por inseguridad, desapariciones y derechos de las mujeres, movimientos que han exigido a las autoridades garantizar espacios para expresar sus demandas sin enfrentar intimidaciones ni restricciones injustificadas.
La obligación de proteger el derecho a la protesta corresponde a todos los niveles de gobierno, independientemente de su afiliación política. De igual manera, las denuncias de abuso policial deben investigarse con los mismos criterios, sin importar si las autoridades pertenecen a Morena, Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido.
Por ello, las declaraciones de Sheinbaum sobre Guadalajara plantean una pregunta que va más allá del enfrentamiento entre el Gobierno federal y el de Jalisco: ¿la condena a la represión responde a un principio que debe aplicarse siempre o cambia dependiendo de quién ejerce el poder?
Las protestas de madres buscadoras, los antecedentes de encapsulamientos durante su gestión capitalina y las denuncias surgidas en movilizaciones feministas constituyen elementos relevantes para examinar esa diferencia de criterios.
La discusión no debería centrarse únicamente en cómo denomina cada gobierno sus operativos, ya sea contención, prevención o seguridad, sino en determinar si las medidas empleadas respetaron los derechos de quienes salieron a manifestarse.
Mientras Sheinbaum exige explicaciones por lo ocurrido en Guadalajara, permanece abierto el cuestionamiento sobre si mantiene el mismo nivel de exigencia frente a las denuncias de abusos policiales registradas en administraciones de su partido.
Porque el derecho a manifestarse no debería depender del color político de quien gobierna, y la represión no puede ser condenable solamente cuando ocurre del otro lado de la confrontación partidista.
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