Primero fueron los problemas con las farmacéuticas y las acusaciones de corrupción. Ahora, un algoritmo se suma a las explicaciones del Gobierno federal sobre las dificultades para garantizar el abastecimiento de medicamentos en las instituciones públicas de salud.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el sistema utilizado para calcular la distribución de medicamentos presentó fallas, lo que provocó que algunas unidades médicas recibieran cantidades superiores a sus necesidades, mientras que otras enfrentaron faltantes.
La explicación abre una serie de cuestionamientos sobre el funcionamiento del modelo de distribución y, especialmente, sobre las responsabilidades de las autoridades encargadas de implementarlo.
Si un sistema informático calculó incorrectamente las cantidades de medicamentos que debían enviarse a hospitales y clínicas, resulta necesario conocer quién lo diseñó, qué pruebas se realizaron antes de ponerlo en operación y cuáles fueron los mecanismos de supervisión utilizados para detectar posibles errores.
El problema, sin embargo, no termina en una computadora. Las instituciones públicas de salud cuentan con procedimientos para atender recetas incompletas y dar seguimiento a medicamentos que no se encuentran disponibles en las unidades médicas. La existencia de estos mecanismos refleja que los faltantes forman parte de una problemática que requiere atención administrativa y operativa.
Mientras tanto, el Gobierno federal ha reportado niveles de abastecimiento superiores al 97%. No obstante, la falta de medicamentos continúa presente en el debate público, al grado de que se han planteado iniciativas legislativas para reembolsar a pacientes que deben adquirir por su cuenta tratamientos que no encuentran en las instituciones públicas.
Detrás de las cifras oficiales están las dificultades que enfrentan quienes dependen de los servicios públicos de salud. Cuando un medicamento no está disponible, los pacientes pueden verse obligados a buscarlo en otras unidades, regresar posteriormente a la clínica o destinar recursos propios para adquirirlo.
Estas situaciones adquieren especial relevancia cuando se trata de personas con enfermedades crónicas o tratamientos que requieren continuidad, pues los retrasos en el suministro pueden afectar directamente su atención médica.
Aunque los algoritmos pueden facilitar la planeación logística y el cálculo de necesidades, no sustituyen las responsabilidades de las instituciones encargadas de comprar, almacenar y distribuir medicamentos.
Un sistema informático no toma por sí solo las decisiones administrativas, no establece las políticas de abastecimiento ni determina los mecanismos de supervisión. Detrás de su funcionamiento existen autoridades, equipos técnicos y responsables de garantizar que opere correctamente.
Por ello, la discusión no debería limitarse a explicar por qué falló el algoritmo, sino también a determinar cómo se permitió que sus errores afectaran la distribución de medicamentos, cuánto tiempo permanecieron sin corregirse y qué medidas se implementaron para evitar que volvieran a presentarse.
La pregunta central permanece abierta: ¿quién responde cuando una falla del sistema termina afectando a los pacientes?
Porque detrás de cualquier herramienta tecnológica también existen responsables de diseñarla, implementarla, supervisarla y corregirla.
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