Siete años después del Culiacanazo que marcó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una escena similar volvió a encender la polémica en México. Esta vez ocurrió en Morelos, donde las autoridades terminaron liberando a un presunto líder criminal después de una jornada de violencia, bloqueos carreteros, vehículos incendiados y la retención de tres funcionarios de la Fiscalía estatal.
El episodio ocurrió el 12 de octubre en Totolapan, Morelos, donde fue detenido José David “N”, alias «El Güero del Gym», señalado como presunto líder criminal relacionado con el grupo delictivo Pueblos Unidos.
Lo que parecía un operativo contra la delincuencia terminó convirtiéndose en una crisis de seguridad. Tras la detención, se registraron bloqueos, incendios de vehículos y hechos violentos en distintos puntos de la región, mientras tres funcionarios de la Fiscalía fueron privados de la libertad.
La presión criminal consiguió su objetivo: las autoridades estatales entregaron al detenido a cambio de recuperar a los tres agentes retenidos. La propia Fiscalía confirmó el intercambio, una decisión que permitió rescatar a sus colaboradores, pero también dejó en libertad a un hombre que acababa de ser capturado durante un operativo contra la extorsión.
La jornada tuvo consecuencias todavía más graves. Cuatro policías estatales murieron en un accidente vial sobre la autopista La Pera-Cuautla cuando se dirigían a reforzar el despliegue de seguridad. Además, uno de los funcionarios retenidos resultó herido de bala.
Aunque los cuatro elementos no fallecieron durante un enfrentamiento armado, sus muertes ocurrieron en el contexto de la movilización de las fuerzas de seguridad para responder a la crisis.
El caso ha despertado comparaciones con el llamado Culiacanazo del 17 de octubre de 2019, cuando fuerzas federales detuvieron a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.
En aquella ocasión, integrantes del Cártel de Sinaloa respondieron con bloqueos, balaceras y ataques que paralizaron la ciudad. Ante la escalada de violencia, el gobierno federal encabezado por López Obrador decidió liberar a Ovidio Guzmán, argumentando que buscaba evitar una tragedia mayor.
Ahora, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum y con Margarita González Saravia, también de Morena, al frente del Gobierno de Morelos, una nueva detención terminó revertida después de una reacción violenta atribuida al crimen organizado.
Las circunstancias no son idénticas. En 2019, la decisión correspondió al Gobierno federal y estuvo relacionada con una operación contra un integrante de alto perfil del Cártel de Sinaloa. En Morelos, el intercambio fue realizado por autoridades estatales para recuperar a tres funcionarios retenidos.
Sin embargo, ambos episodios comparten un elemento difícil de ignorar: después de una captura, la violencia ejercida por grupos criminales terminó influyendo directamente en la decisión de liberar al detenido.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la prioridad de proteger la vida de los agentes, mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que se prepararía una nueva operación para detener al sospechoso.
Pero las explicaciones oficiales no han apagado los cuestionamientos. La liberación plantea un dilema sobre la capacidad de las instituciones para mantener el control de sus operativos cuando una organización criminal responde mediante amenazas, bloqueos y privaciones de la libertad.
El problema tampoco comenzó con Morena. Durante gobiernos anteriores del PRI y del PAN existieron episodios de sometimiento de autoridades, infiltración criminal y pérdida de control territorial. No obstante, los casos de Culiacán en 2019 y Morelos en 2026 destacan por una coincidencia particularmente delicada: en ambos, las autoridades terminaron liberando a un detenido después de una reacción violenta.
La decisión de priorizar la vida de los agentes puede explicarse como una medida de emergencia. Sin embargo, también abre una pregunta sobre las consecuencias de que los grupos criminales comprueben que pueden ejercer suficiente presión para conseguir la liberación de sus integrantes.
Para el Gobierno de Morelos, el desafío ahora no se limita a justificar el intercambio. También deberá explicar las condiciones en las que se realizó el operativo, cómo fueron retenidos tres funcionarios y qué medidas se tomarán para evitar que una situación semejante vuelva a repetirse.
Mientras tanto, la promesa de una nueva captura contrasta con el desenlace inmediato de los hechos: el presunto líder criminal recuperó su libertad después de una jornada violenta que también dejó cuatro policías fallecidos durante las labores de apoyo.
A siete años del primer Culiacanazo, la pregunta vuelve a colocarse en el centro del debate nacional: ¿hasta dónde puede retroceder el Estado para evitar una tragedia sin permitir que el crimen organizado termine imponiendo sus condiciones?
Porque más allá de las explicaciones políticas, el mensaje que deja Morelos resulta preocupante: las autoridades lograron recuperar a sus agentes, pero el grupo criminal consiguió revertir una detención mediante la violencia.
Y mientras los gobiernos defienden sus decisiones como medidas para salvar vidas, permanece una interrogante que México todavía no logra resolver: ¿quién está imponiendo realmente las reglas cuando el crimen organizado decide desafiar al Estado?
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