La convocatoria forma parte del programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado estadounidense, que busca obtener información sobre las operaciones económicas de organizaciones criminales designadas por Washington como grupos terroristas extranjeros.
El anuncio cobró relevancia esta semana después de que las autoridades estadounidenses difundieran nuevamente la posibilidad de entregar recompensas a quienes aporten información útil para interrumpir las fuentes de financiamiento de estos grupos.
A diferencia de otras recompensas enfocadas en localizar a líderes criminales, esta iniciativa busca identificar las estructuras financieras que permiten a los cárteles continuar operando. El objetivo es conocer cómo obtienen recursos, qué empresas utilizan para moverlos y cuáles son las operaciones que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero.
Entre las actividades señaladas se encuentran el robo de combustible, el tráfico de drogas, las operaciones inmobiliarias utilizadas para ocultar recursos y otras actividades ilegales que generan ganancias para las organizaciones criminales.
El huachicol ocupa un lugar importante dentro de esta estrategia. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los grupos criminales han desarrollado redes para introducir combustible ilegalmente a México, evadir impuestos y comercializar hidrocarburos mediante empresas y operaciones que aparentan ser legítimas.
Washington sostiene que estas actividades representan una fuente de ingresos para organizaciones como el CJNG, que ha sido señalado por participar tanto en el robo de hidrocarburos como en su contrabando a través de la frontera.
Una de las empresas mexicanas que aparece en las investigaciones estadounidenses es Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V., señalada por el Departamento del Tesoro por presuntamente proporcionar apoyo financiero, material o servicios relacionados con las operaciones del CJNG.
La compañía fue incluida en acciones de sanción anunciadas en junio de 2026, cuando las autoridades estadounidenses identificaron a personas y empresas presuntamente involucradas en esquemas de contrabando de combustible.
Estas medidas forman parte de investigaciones financieras y no equivalen, por sí mismas, a una sentencia penal contra todas las personas o empresas señaladas.
El Departamento del Tesoro también ha advertido que las organizaciones criminales utilizan compañías fachada, operaciones comerciales y mecanismos financieros complejos para ocultar el origen de sus ganancias.
Por ello, Estados Unidos busca información sobre cuentas bancarias, transferencias, estructuras empresariales y personas que faciliten el movimiento de recursos provenientes de actividades ilícitas.
La convocatoria incluye a distintas organizaciones mexicanas, entre ellas el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana, además del CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, los 10 millones de dólares no representan un pago automático por cualquier denuncia. La recompensa máxima dependerá de la importancia de la información proporcionada y de que esta contribuya efectivamente a interrumpir los mecanismos financieros de las organizaciones investigadas.
El programa también contempla mecanismos de confidencialidad y la posibilidad de reubicación para determinadas personas que colaboren, dependiendo de las circunstancias y de las evaluaciones realizadas por las autoridades estadounidenses.
La estrategia refleja un cambio de enfoque en el combate al crimen organizado. Además de perseguir a sus dirigentes y operadores, Washington pretende identificar las empresas, los intermediarios y las rutas financieras que permiten a los cárteles mantener sus actividades.
El huachicol se ha convertido en un problema que trasciende las fronteras mexicanas. Las investigaciones estadounidenses apuntan a esquemas que involucran el traslado de combustible entre ambos países, documentación aduanera irregular y presuntas operaciones de lavado de dinero.
Para México, la ofensiva también plantea nuevos desafíos de cooperación internacional, especialmente en la supervisión del comercio de hidrocarburos y la identificación de posibles redes criminales que operan mediante empresas legalmente constituidas.
Con recompensas de hasta 10 millones de dólares, la administración Trump busca obtener información que permita seguir el rastro del dinero y debilitar económicamente a los cárteles.
La apuesta de Washington es que combatir las fuentes de financiamiento resulte tan importante como detener a los integrantes de estas organizaciones. Porque mientras las redes criminales conserven sus ingresos, tendrán recursos para sostener sus operaciones, ampliar sus negocios ilegales y mantener su influencia a ambos lados de la frontera.















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