El gobierno municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, encabezado por la alcaldesa morenista Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quedó bajo la lupa después de revelarse que otorgó contratos por 22.3 millones de pesos a una constructora señalada por el Gobierno de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.
De acuerdo con una investigación de LatinUS, la administración municipal entregó seis contratos a Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), empresa que recibió adjudicaciones por 12.9 millones de pesos durante 2025 y otros 9.4 millones en 2026, principalmente para trabajos relacionados con obras de pavimentación.
La polémica estalló después de que el Departamento del Tesoro estadounidense incluyera a COPASA y a otras empresas relacionadas en una serie de sanciones por sus presuntas conexiones con el crimen organizado.
Según las autoridades estadounidenses, COPASA estaba entre las pocas constructoras que el Cártel del Noreste permitía operar en Nuevo Laredo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la influencia que esta organización criminal habría ejercido sobre las actividades económicas de la región.
Pero los señalamientos van más allá de los contratos de construcción. El Departamento del Tesoro también acusó a Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), empresa relacionada con COPASA, de participar en un presunto esquema para financiar campañas políticas de candidatos favorecidos por el grupo criminal.
Aunque las autoridades estadounidenses no revelaron los nombres de los políticos presuntamente beneficiados, las acusaciones colocan nuevamente bajo escrutinio la posible infiltración del crimen organizado en los negocios y procesos políticos.
Ante la controversia, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo reconoció haber mantenido relaciones contractuales con las empresas señaladas y anunció una revisión de los procedimientos de contratación y del ejercicio de los recursos públicos.
Sin embargo, existe una precisión importante: los contratos fueron otorgados antes de que Estados Unidos anunciara las sanciones contra las compañías, el 13 de octubre de 2026. Hasta el momento, no se han presentado pruebas que acrediten complicidad de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas con el Cártel del Noreste ni que los recursos municipales hayan terminado directamente en manos de la organización criminal.
Pese a ello, el caso abre un debate sobre los mecanismos de supervisión de los contratos públicos y la capacidad de las autoridades para detectar posibles vínculos de proveedores gubernamentales con organizaciones delictivas.
La administración morenista tendrá que explicar bajo qué criterios fueron seleccionadas las empresas, qué verificaciones se realizaron antes de otorgarles los contratos y cuáles serán los resultados de la revisión anunciada.
Porque una cosa es que las compañías todavía no estuvieran sancionadas cuando recibieron los contratos y otra muy distinta es que el gobierno municipal no deba rendir cuentas sobre el destino de los recursos públicos.
La pregunta que queda sobre la mesa es incómoda para Morena: ¿cómo consiguió contratos por más de 22 millones de pesos una empresa que Estados Unidos señala por presuntos vínculos con el narcotráfico?
Mientras las autoridades revisan las contrataciones, el caso vuelve a poner sobre la mesa una exigencia fundamental: que cada peso del dinero público tenga un destino transparente y que ninguna relación empresarial o política quede fuera del escrutinio.
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