Si toda la deuda pública de México tuviera que repartirse entre sus habitantes, cada mexicano tendría que aportar aproximadamente 160 mil pesos para liquidarla. Desde un bebé recién nacido hasta un adulto mayor entrarían en la cuenta, una comparación que permite dimensionar el tamaño del endeudamiento que podría alcanzar el país durante 2027.
De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la deuda pública mexicana alcanzaría los 21.7 billones de pesos al cierre del próximo año, una cantidad equivalente al 55% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para comprender la magnitud de esta cifra, basta imaginar a una familia de cuatro integrantes. Si el endeudamiento nacional se dividiera de manera uniforme entre todos los habitantes, a ese hogar le correspondería una cantidad cercana a los 640 mil pesos.
Aunque esto no significa que los ciudadanos recibirán una factura por ese monto, la comparación permite dimensionar las obligaciones financieras acumuladas por el Gobierno Federal y los desafíos que representan para las futuras generaciones.
El debate cobra relevancia después de que la Cámara de Diputados aprobara, con el respaldo de Morena y sus aliados, la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que contempla recursos por más de 10.6 billones de pesos, incluidos los ingresos derivados de financiamientos.
El dictamen obtuvo 340 votos a favor y 109 en contra durante su aprobación en lo particular y fue enviado al Senado de la República, donde deberá continuar su proceso legislativo antes de convertirse en ley.
Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum proyecta mayores ingresos para el próximo año, las estimaciones también anticipan que la deuda pública seguirá creciendo. De acuerdo con las cifras del Paquete Económico, el saldo podría aumentar alrededor de 1.6 billones de pesos durante 2027.
Pero el problema no solamente es cuánto debe México, sino cuánto cuesta mantener esa deuda.
Para el próximo año, el Gobierno Federal contempla destinar aproximadamente 1.575 billones de pesos al costo financiero de sus obligaciones, que incluye intereses, comisiones y otros gastos relacionados con el endeudamiento.
Esta cantidad equivale a un promedio de 4 mil 315 millones de pesos diarios durante los 365 días de 2027, recursos que deberán utilizarse para atender compromisos financieros previamente adquiridos.
El CIEP advierte que el costo financiero representaría aproximadamente el 4% de la economía nacional, una proporción que reduce el margen presupuestal disponible para atender otras necesidades públicas.
Esto significa que una parte importante de los recursos gubernamentales tendrá que destinarse al cumplimiento de obligaciones financieras, en un contexto donde también existen demandas de inversión en infraestructura, servicios públicos, salud y educación.
Por su parte, el Gobierno Federal sostiene que su estrategia económica busca reducir gradualmente el déficit, fortalecer la recaudación y mantener la estabilidad de las finanzas públicas. De hecho, las proyecciones contemplan una disminución del déficit amplio, de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027.
Sin embargo, esa reducción no impediría que el saldo total de la deuda continúe aumentando, lo que mantiene abierto el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.
La aprobación de la Ley de Ingresos también ha puesto sobre la mesa el papel del Congreso en la supervisión del endeudamiento y la necesidad de garantizar que los recursos obtenidos mediante financiamiento se utilicen de manera responsable y transparente.
Porque una deuda pública no funciona como un préstamo personal que cada ciudadano debe pagar directamente, pero sus costos sí forman parte de las obligaciones del Estado y pueden influir en las decisiones presupuestales de los próximos años.
Así, mientras México proyecta ingresos superiores a los 10.6 billones de pesos para 2027, también se prepara para enfrentar un saldo de deuda cercano a los 21.7 billones.
La comparación resulta contundente: 160 mil pesos por mexicano y 640 mil pesos por una familia de cuatro integrantes, si toda la deuda tuviera que repartirse entre la población.
La pregunta de fondo es cuánto margen financiero tendrá el país en los próximos años para atender las necesidades de sus habitantes mientras continúa acumulando obligaciones.
Porque el desafío no es únicamente conseguir más recursos para financiar al gobierno, sino evitar que el costo de la deuda termine limitando las oportunidades de desarrollo de las futuras generaciones.
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