México enfrenta una crisis de desapariciones que también se refleja en las cifras oficiales. Una investigación de ARTICLE 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana reveló que, durante 2025, las fiscalías estatales documentaron 651 fosas clandestinas, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) reportó solamente 32, una diferencia de más de veinte veces entre ambos registros.
El hallazgo exhibe graves problemas en la recopilación, coordinación y transparencia de la información sobre fosas clandestinas, en un país donde miles de familias continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos.
La investigación, presentada el 20 de octubre de 2026, analizó información proporcionada por las autoridades mediante solicitudes de transparencia y registros oficiales. Los resultados muestran diferencias que impiden conocer con precisión la dimensión de los hallazgos clandestinos en territorio mexicano.
Uno de los casos más llamativos es Sonora, donde la fiscalía estatal registró 204 fosas clandestinas durante 2025. Sin embargo, la FGR no reportó ninguna en esa entidad durante el mismo periodo.
Una situación similar ocurrió en Chihuahua, donde las autoridades estatales documentaron 85 fosas, mientras que el registro federal consultado tampoco incluyó hallazgos.
Estas diferencias también se observaron en otras entidades, lo que evidencia la falta de criterios unificados para documentar los descubrimientos y compartir información entre las instituciones responsables de investigar las desapariciones.
Sin embargo, las discrepancias no significan necesariamente que la FGR haya ocultado deliberadamente los hallazgos, pues las fiscalías federales y estatales tienen atribuciones distintas y pueden registrar información bajo criterios diferentes.
El problema es que, sin bases de datos completas, compatibles y transparentes, resulta difícil construir un panorama nacional confiable sobre la cantidad de fosas localizadas.
Pero detrás de las estadísticas existe una realidad todavía más dolorosa.
Durante 2025, las fiscalías estatales reportaron la recuperación de 833 cuerpos en 15 entidades del país, además de 226 restos humanos documentados en otras investigaciones y registros proporcionados por diez estados.
Estas cifras reflejan la magnitud de los hallazgos relacionados con la violencia y las desapariciones, aunque los restos humanos recuperados no necesariamente corresponden a personas distintas.
Jalisco concentró el mayor número de cuerpos recuperados, con 257, seguido de Sonora, con 239, y Chihuahua, con 119.
Cada hallazgo representa un nuevo desafío para las instituciones forenses, encargadas de identificar a las víctimas, investigar las circunstancias de su muerte y proporcionar respuestas a sus familiares.
La investigación también reveló otro problema: once entidades no entregaron información útil para conocer el número de fosas clandestinas documentadas durante 2025.
Esta falta de datos impide establecer una cifra nacional completa, por lo que los 651 hallazgos reportados por las fiscalías estatales no necesariamente representan la totalidad de fosas localizadas durante ese año.
En otras palabras, México enfrenta dificultades incluso para determinar cuántas fosas clandestinas han sido descubiertas en su territorio.
Las organizaciones responsables del informe advirtieron que la fragmentación de los registros oficiales dificulta el seguimiento de las investigaciones y limita el acceso de las familias a información fundamental sobre las personas desaparecidas.
La situación adquiere especial relevancia por el papel que desempeñan los colectivos de madres buscadoras, quienes durante años han realizado labores de búsqueda y localización de restos humanos ante la falta de respuestas suficientes de las autoridades.
Para estas familias, encontrar una fosa clandestina no significa necesariamente el final de la búsqueda. Después comienza otro proceso que puede prolongarse durante años: la recuperación de los restos, los estudios forenses, la identificación de las víctimas y la investigación de los responsables.
Las diferencias entre los registros estatales y federales también plantean cuestionamientos sobre la coordinación institucional y la eficacia de los mecanismos utilizados para documentar los hallazgos.
Aunque la diferencia de 619 fosas entre ambas cifras no demuestra por sí misma un encubrimiento, sí evidencia la necesidad de contar con información pública que permita distinguir claramente cuáles hallazgos investiga cada autoridad y cómo se integran los datos nacionales.
ARTICLE 19, Data Cívica y la Universidad Iberoamericana han insistido en la importancia de fortalecer los registros, garantizar su actualización y establecer mecanismos que permitan a las familias acceder a información confiable.
La crisis de desapariciones en México no solamente exige mayores esfuerzos de búsqueda, sino también instituciones capaces de documentar los hallazgos, identificar a las víctimas y esclarecer los delitos.
Porque mientras las autoridades presentan cifras que no pueden compararse de manera directa, miles de familias continúan recorriendo terrenos, caminos y zonas abandonadas con la esperanza de encontrar alguna pista sobre sus seres queridos.
El contraste es contundente: 651 fosas documentadas por fiscalías estatales frente a solamente 32 registradas por la FGR durante el mismo año.
La pregunta es inevitable: si el Estado mexicano todavía no cuenta con registros públicos completos y homologados sobre las fosas clandestinas, ¿cómo puede garantizar a las familias el derecho a conocer la verdad?
Detrás de cada cifra hay personas desaparecidas, familias que esperan respuestas y una deuda de justicia que sigue pendiente.
Porque en México no solamente es urgente encontrar a quienes faltan. También es indispensable saber cuántos han sido localizados, quiénes son y qué ocurrió con ellos.
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