El caso de los agentes de la CIA que participaron en un presunto operativo antidrogas en Chihuahua sumó un nuevo capítulo de controversia. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ahora que los agentes estadounidenses y las autoridades estatales nunca desmantelaron el narcolaboratorio de El Pinal, sino que únicamente acudieron al lugar, lo observaron y se retiraron.
Las declaraciones, realizadas este martes 20 de octubre, reabren las interrogantes sobre lo ocurrido durante la operación de abril pasado, que terminó con la muerte de dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos, además de desencadenar una investigación por presunta traición a la patria contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sostuvo que las autoridades estatales no realizaron el desmantelamiento del laboratorio clandestino de metanfetaminas y aseguró que esa tarea corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR).
La mandataria explicó que los participantes acudieron al lugar, observaron las instalaciones y posteriormente se retiraron, cuestionando además que una fiscalía estatal realizara una operación para la cual, según su interpretación, no tenía atribuciones legales.
Sin embargo, las declaraciones contrastan con la manera en que inicialmente se presentó el caso, cuando se informó sobre una operación contra un laboratorio de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara, realizada con la participación de elementos de Chihuahua y agentes estadounidenses.
El episodio también había sido descrito por las autoridades federales como una intervención irregular de personal extranjero en actividades relacionadas con el combate al narcotráfico.
La FGR sostiene que la presencia de esos agentes no contaba con las autorizaciones correspondientes y que el exfiscal César Jáuregui habría permitido su participación en actividades reservadas a las autoridades mexicanas.
No obstante, existe una distinción importante entre participar en una operación, inspeccionar un laboratorio y ejecutar materialmente su desmantelamiento.
De hecho, la propia Fiscalía General de la República informó desde junio que sus elementos eran los únicos encargados de desmantelar las instalaciones clandestinas, por lo que la afirmación de Sheinbaum no contradice necesariamente esa parte de la versión oficial.
Lo que continúa bajo discusión es el alcance de la participación de los estadounidenses y las actividades que realizaron en territorio mexicano.
La incertidumbre también ha estado presente desde los primeros meses del caso. En mayo, Sheinbaum había solicitado a la Fiscalía aclarar qué ocurrió durante el operativo, si se logró desmantelar el laboratorio, si hubo drogas aseguradas y si se realizaron detenciones.
Ahora, cinco meses después, la presidenta sostiene que los agentes estatales y extranjeros no efectuaron ese desmantelamiento, aunque las investigaciones sobre su intervención irregular continúan.
La controversia adquiere mayor relevancia por la situación judicial de César Jáuregui, quien fue detenido y enfrenta acusaciones relacionadas con la presunta autorización de actividades de agentes extranjeros sin cumplir los requisitos legales.
El exfuncionario ha rechazado haber autorizado ilegalmente su participación y cuestiona las acusaciones en su contra. La Fiscalía, por su parte, sostiene que cuenta con elementos para investigar posibles violaciones a la soberanía nacional y a la legislación mexicana.
El caso también ha generado tensiones políticas en Chihuahua, particularmente por el distanciamiento entre Jáuregui y la gobernadora panista Maru Campos, quien respaldó la actuación de las autoridades después de la detención de su antiguo colaborador.
Mientras tanto, Sheinbaum ha insistido en que la investigación debe continuar y que corresponde a la FGR presentar ante los jueces las pruebas que sustenten las acusaciones.
Pero el nuevo posicionamiento presidencial deja una pregunta que resulta fundamental para comprender el caso: si los agentes extranjeros no desmantelaron el laboratorio y únicamente acudieron a observarlo, ¿qué actividades específicas realizaron y cuáles son las pruebas de su presunta participación ilegal?
La respuesta es importante porque la posible responsabilidad de Jáuregui no depende necesariamente de que el laboratorio haya sido destruido, sino de determinar si permitió la intervención de personal extranjero en actividades prohibidas por la legislación mexicana.
A seis meses de los hechos, todavía existen cuestionamientos sobre quién autorizó la presencia de los agentes estadounidenses, cuál fue su participación real y qué conocimiento tenían las autoridades estatales.
La investigación deberá aclarar esas circunstancias y establecer si existieron responsabilidades penales, sin confundir las acusaciones con delitos ya demostrados.
Porque entre las primeras versiones del operativo, las declaraciones posteriores de la presidenta y las investigaciones de la Fiscalía, todavía falta una explicación completa sobre lo ocurrido en El Pinal.
Y mientras un exfiscal enfrenta acusaciones por presunta traición a la patria, permanece abierta la pregunta más importante: ¿qué hicieron realmente los agentes de la CIA en Chihuahua y quién autorizó su participación?
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