Una crisis bancaria terminó por sacudir al Gobierno de Paraguay. El colapso de Ueno Bank, una de las instituciones financieras más importantes del país, dejó a cerca de 2.9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas, desató protestas en las calles y colocó al presidente Santiago Peña en el centro de un escándalo político. El mandatario presentó su renuncia el 5 de noviembre, pero el Congreso no la aceptó formalmente y decidió continuar con un juicio político que podría terminar con su destitución.
Todo comenzó cuando el Banco Central del Paraguay ordenó intervenir Ueno Bank después de detectar graves problemas financieros. La institución había incumplido los requisitos mínimos de solvencia, lo que obligó a las autoridades a iniciar un procedimiento para proteger los depósitos y evitar que la crisis afectara al resto del sistema bancario.
Las consecuencias fueron inmediatas. Miles de personas descubrieron que no podían retirar efectivo, realizar transferencias ni utilizar sus tarjetas. El problema alcanzó a trabajadores, comerciantes y jubilados que dependían de sus cuentas para cubrir gastos cotidianos. En un país de aproximadamente 6.1 millones de habitantes, la entidad reportaba cerca de 2.9 millones de clientes, una cifra que permite dimensionar el alcance de la emergencia.
Pero el caso no se limita a los ahorros particulares. Ueno Bank también administraba más de 800 millones de dólares en depósitos de instituciones públicas, incluidos recursos relacionados con el sistema de pensiones. Esta situación provocó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para depositar fondos estatales en una entidad cuya estabilidad financiera ahora está bajo investigación.
La crisis alcanzó directamente a Santiago Peña por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo relacionado con el banco. El mandatario había mantenido una participación accionaria en una compañía vinculada con Ueno, que, según su versión, vendió en marzo de 2025. Legisladores lo acusan de presuntos conflictos de interés, interferencia en la supervisión bancaria y decisiones que habrían favorecido a la institución. Peña rechaza haber cometido irregularidades y sostiene que las responsabilidades deben determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
La indignación pronto salió de las oficinas bancarias y llegó a las calles de Asunción. Cientos de ciudadanos se manifestaron para exigir la devolución de sus ahorros y explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos. Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, mientras crecían las exigencias de investigar tanto a los directivos del banco como a los funcionarios encargados de vigilar sus operaciones.
La presión política terminó por alcanzar su punto más alto el jueves 5 de noviembre. Peña anunció que renunciaba a la Presidencia con el argumento de preservar la estabilidad del país. Sin embargo, la sesión del Congreso convocada para resolver su dimisión quedó sin quórum, por lo que su salida no fue formalizada y el mandatario permaneció en funciones.
Lejos de detener el conflicto, la renuncia abrió otra batalla. La Cámara de Diputados aprobó la acusación para someterlo a juicio político y el Senado comenzó el procedimiento correspondiente. Los legisladores deberán determinar si existió mal desempeño de sus funciones y si corresponde destituirlo. La decisión también tiene consecuencias jurídicas, pues podría afectar las inmunidades que la Constitución paraguaya reconoce a los expresidentes.
Mientras la crisis política continúa, las autoridades financieras comenzaron a activar el Fondo de Garantía de Depósitos. Los primeros pagos están dirigidos a determinados ahorristas con saldos de hasta 10 millones de guaraníes, mientras se preparan mecanismos para atender al resto de los afectados. El Banco Central sostiene que la situación puede contenerse y que el sistema financiero nacional mantiene su estabilidad.
Paraguay enfrenta ahora dos desafíos que avanzan al mismo tiempo: devolver el dinero a los ciudadanos y esclarecer las posibles responsabilidades políticas y financieras detrás del colapso. La renuncia de Santiago Peña no resolvió ninguna de esas cuestiones. Para millones de paraguayos, la preocupación inmediata sigue siendo recuperar sus ahorros; para las instituciones, demostrar que la caída de un banco no quedará sin explicaciones ni consecuencias.
















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