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¿Con Taddei la justicia va sin prisa? La FGR sigue sin definir si procederá contra la expresidenta del INE

Las denuncias ya llegaron a la Fiscalía, los contratos millonarios están bajo sospecha y Guadalupe Taddei dejó la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, hasta ahora no se conocen imputaciones penales contra la exfuncionaria. La propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la Fiscalía General de la República (FGR) todavía debe determinar si existen elementos suficientes para proceder legalmente, mientras crecen los cuestionamientos sobre el tiempo que tomará esclarecer uno de los mayores escándalos recientes del organismo electoral.

El caso tomó un nuevo rumbo el 6 de noviembre, cuando el INE presentó una denuncia formal para investigar posibles irregularidades en contratos otorgados durante distintas administraciones, incluida la de Taddei. Además, el Órgano Interno de Control informó sobre seis denuncias penales relacionadas con funcionarios, exfuncionarios y empresas proveedoras que habrían participado en operaciones cuestionadas.

Entre los posibles delitos mencionados se encuentran peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones. Las investigaciones buscan determinar si existieron adjudicaciones irregulares, conflictos de interés o beneficios económicos indebidos. Sin embargo, la presentación de denuncias no significa que las conductas estén acreditadas ni que todas las personas señaladas tengan responsabilidad penal.

La controversia involucra a empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, proveedores de materiales electorales que obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025. Las autoridades investigan si distintas compañías vinculadas entre sí participaron en procedimientos de contratación simulando competir unas contra otras.

Pero lo que ahora genera nuevas preguntas es la respuesta de la Fiscalía. Durante su conferencia del 10 de noviembre, Sheinbaum reconoció que todavía no contaba con información sobre posibles imputaciones. Explicó que consultó al titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien le indicó que aún no tenía datos suficientes sobre el avance de las investigaciones.

La mandataria sostuvo que corresponde a la FGR analizar las denuncias, reunir pruebas y determinar qué delitos podrían perseguirse. También señaló que la Auditoría Superior de la Federación debe revisar las posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, pues las responsabilidades administrativas y penales requieren procedimientos distintos.

Mientras tanto, reportes periodísticos publicados el 10 de noviembre señalaron que la FGR, la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control todavía no habían solicitado determinada documentación al INE para avanzar en las investigaciones. La presidenta provisional del instituto, Blanca Cruz, ha manifestado su disposición para entregar la información necesaria y colaborar con las autoridades.

La situación ha abierto una discusión sobre la eficacia y los tiempos de la justicia. Investigar posibles delitos relacionados con contrataciones públicas requiere revisar expedientes, comprobar operaciones financieras y establecer la participación de cada persona. Que todavía no existan imputaciones no demuestra protección política ni inactividad deliberada, pero tampoco elimina la obligación de ofrecer información pública sobre los avances, dentro de los límites legales.

El caso adquiere especial relevancia por la trayectoria de Guadalupe Taddei y el respaldo público que recibió de Andrés Manuel López Obrador cuando llegó al INE en 2023. Aunque esos antecedentes no acreditan vínculos partidistas indebidos ni responsabilidades penales, la cercanía política que se le atribuye ha alimentado cuestionamientos sobre si las investigaciones se desarrollarán con la misma independencia que cualquier otro caso de presunta corrupción.

Por ahora, Taddei permanece fuera de la presidencia del organismo electoral y no se ha informado públicamente de una acusación penal formal en su contra. La Fiscalía deberá establecer si existen pruebas para proceder o si los señalamientos carecen de sustento suficiente.

La pregunta sobre un posible trato diferente frente a figuras opositoras no puede responderse sin comparar actuaciones judiciales concretas. Lo que sí puede exigirse es que la investigación avance con criterios transparentes, sin privilegios ni presiones partidistas. Porque la justicia no debe actuar con prisas que vulneren derechos, pero tampoco puede permitir que las denuncias por posibles irregularidades millonarias terminen perdiéndose entre expedientes, declaraciones y silencios oficiales.

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