El caso involucra a Grupo de Tecnología Cibernética, también conocido como Grupo Tecno, empresa contratada para renovar la infraestructura tecnológica utilizada por el INE para monitorear la transmisión de propaganda electoral en radio y televisión.
El contrato, identificado como INE/109/2021, fue adjudicado mediante licitación pública por 366 millones 744 mil pesos, con una vigencia del 15 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2026. Aunque comenzó antes de la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo, su ejecución continuó durante su administración.
El sistema contratado tenía una función fundamental para la vigilancia electoral: verificar que los anuncios de los partidos políticos y las autoridades electorales se transmitieran conforme a los tiempos y condiciones establecidos por la ley. Por ello, cualquier deficiencia en su operación o mantenimiento resulta especialmente relevante para una institución encargada de garantizar la equidad en las contiendas.
De acuerdo con la revisión del Órgano Interno de Control (OIC), correspondiente al periodo de enero de 2023 a septiembre de 2025, se identificaron pagos por 16 millones 140 mil pesos relacionados con licencias de software cuya adquisición y aceptación no fueron acreditadas con la documentación correspondiente.
El hallazgo despertó cuestionamientos sobre la legalidad y comprobación de los programas informáticos utilizados por el instituto. Sin embargo, existe una diferencia importante: la auditoría documentó la falta de evidencia suficiente para respaldar las licencias, pero no demostró que todo el software entregado fuera falsificado o utilizado ilegalmente.
Las observaciones no terminaron ahí. Los auditores también detectaron pagos por 6 millones 756 mil pesos correspondientes a servicios de soporte técnico remoto y presencial, sin que se acreditara adecuadamente en qué consistieron los trabajos realizados.
A esa cantidad se sumaron aproximadamente 2 millones 890 mil pesos pagados por servicios técnicos de software y hardware antes de la fecha establecida en el contrato. En conjunto, las tres observaciones alcanzaron alrededor de 25.7 millones de pesos pendientes de aclaración.
Pero uno de los hallazgos más llamativos fue la existencia de 677 solicitudes de soporte técnico que permanecían sin atender. Según la auditoría, estas incidencias debieron ser consideradas para evaluar el cumplimiento del proveedor y, cuando correspondiera, aplicar las sanciones económicas previstas en el contrato.
A pesar de ello, el Órgano Interno de Control señaló que no se acreditó la aplicación de las penalizaciones correspondientes. La omisión abre preguntas sobre la supervisión del contrato, los controles administrativos y la actuación de los funcionarios responsables de verificar que los servicios contratados se prestaran correctamente.
La participación de Grupo Tecno también tiene antecedentes relevantes. La empresa había enfrentado cuestionamientos por contratos tecnológicos con autoridades electorales años atrás, incluidos señalamientos sobre fallas en sistemas de monitoreo y sanciones derivadas de incumplimientos contractuales.
Ahora, la nueva auditoría vuelve a colocar bajo escrutinio su relación comercial con el INE y la manera en que se administraron recursos públicos durante distintas gestiones.
Aunque las observaciones corresponden parcialmente al periodo encabezado por Guadalupe Taddei, esto no demuestra que la exconsejera haya autorizado personalmente los pagos cuestionados o cometido alguna irregularidad. Determinar responsabilidades requiere establecer qué funcionarios intervinieron en las decisiones, quiénes supervisaron los servicios y qué documentación existe para respaldar cada operación.
El caso deja una pregunta central para las autoridades electorales: ¿cómo se pagaron millones de pesos por licencias y servicios que no pudieron acreditarse adecuadamente, mientras permanecían cientos de solicitudes técnicas sin resolver?
El INE tendrá que esclarecer el destino de los recursos observados, explicar por qué no se aplicaron las penalizaciones correspondientes y determinar si existen responsabilidades administrativas o de otra naturaleza. Porque una institución encargada de vigilar el cumplimiento de las reglas electorales también está obligada a demostrar que administra correctamente cada peso que recibe de los mexicanos.















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