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¡Más de 5 mil homicidios de diferencia! INEGI contradice las cifras de seguridad del Gobierno de Sheinbaum

En México, el número de homicidios depende de qué institución presente las cifras. Mientras el Gobierno federal reportó 24 mil 348 víctimas de homicidio doloso y feminicidio durante 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizó 29 mil 488 defunciones por homicidio. La diferencia es de 5 mil 140 casos, una discrepancia que ha encendido las alertas sobre la manera en que se mide la violencia y que obligó a la presidenta Claudia Sheinbaum a anunciar una revisión de los registros oficiales.

Los datos fueron publicados el 10 de noviembre en las estadísticas definitivas de defunciones del INEGI. Posteriormente, la organización civil Data Cívica comparó los resultados con los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y encontró que la cifra del instituto es 21.1% superior a la reportada por las autoridades de seguridad.

La diferencia resulta especialmente relevante porque el Gobierno federal utiliza los datos del Secretariado para informar periódicamente sobre los avances de su estrategia contra la violencia. Con esas estadísticas, la administración de Sheinbaum ha destacado una disminución considerable de los homicidios desde septiembre de 2024.

Sin embargo, el análisis de Data Cívica muestra que la reducción registrada durante 2025 fue menor a la presentada por las autoridades federales. Mientras el Secretariado reportó una caída de 21.4% respecto a 2024, los datos del INEGI reflejan una disminución de aproximadamente 12.1% al comparar las defunciones registradas en ambos años.

Esto no significa que los homicidios no hayan disminuido. Ambas instituciones coinciden en que hubo una reducción, pero presentan diferencias importantes sobre su magnitud. Y cuando se trata de evaluar una política de seguridad pública, esa distancia puede cambiar la interpretación de sus resultados.

La preocupación aumenta al revisar los antecedentes. En 2024, la diferencia entre las cifras de ambas instituciones fue de 2 mil 632 homicidios, de acuerdo con el análisis de Data Cívica. Para 2025, la brecha alcanzó los 5 mil 140 casos, prácticamente el doble.

Existe una explicación parcial relacionada con la manera en que se construyen las estadísticas. El Secretariado obtiene información de las fiscalías estatales a partir de las víctimas registradas en carpetas de investigación. En cambio, el INEGI utiliza certificados médicos, actas de defunción y registros de las autoridades civiles para identificar las muertes por homicidio.

Además, las estadísticas del INEGI pueden incorporar fallecimientos ocurridos en años anteriores, pero registrados posteriormente. De los 29 mil 488 homicidios incluidos en su reporte de 2025, un total de 28 mil 89 ocurrieron efectivamente durante ese mismo año.

Al considerar únicamente esas defunciones, la diferencia respecto al Secretariado disminuye a 3 mil 741 víctimas, equivalente al 15.4%. Aunque la brecha se reduce, sigue siendo considerable y plantea preguntas sobre los casos que aparecen en los registros de mortalidad, pero no coinciden con las estadísticas de las fiscalías.

Las diferencias también se reflejan en determinadas entidades. En el Estado de México, por ejemplo, las autoridades ministeriales reportaron alrededor de mil 580 víctimas durante 2025, mientras el INEGI contabilizó 2 mil 618 homicidios. Son más de mil casos de diferencia en una sola entidad.

El contraste incluso modifica la posición de algunos estados en el panorama nacional. Mientras las estadísticas del Secretariado ubicaban al Estado de México en el quinto lugar por número de homicidios, los registros del INEGI lo colocaron en la segunda posición, únicamente detrás de Guanajuato.

Ante estos resultados, Claudia Sheinbaum reconoció el 13 de noviembre que existe una discrepancia que debe aclararse. Durante su conferencia matutina, informó que el Gobierno federal y el INEGI mantienen una mesa de trabajo para revisar las cifras entidad por entidad y comparar los registros de las fiscalías con las actas de defunción.

La mandataria explicó que las distintas fuentes de información y los tiempos de actualización podrían estar relacionados con la diferencia. También se comprometió a que los resultados de la revisión sean públicos y transparentes.

Por ahora, no existen elementos suficientes para afirmar que los más de 5 mil casos de diferencia fueron ocultados deliberadamente. Las variaciones metodológicas pueden explicar una parte del contraste, pero tampoco permiten dar por resuelta una discrepancia de esta magnitud sin una revisión detallada.

El asunto adquiere mayor importancia en un momento en que el Gobierno presume una reducción del 50% en el promedio diario de homicidios entre septiembre de 2024 y octubre de 2026. Esa comparación se basa en los datos del Secretariado, mientras que las cifras definitivas de mortalidad correspondientes a 2026 no estarán disponibles sino hasta 2027.

México necesita saber cuántas personas fueron asesinadas, dónde ocurrieron esos crímenes y por qué existen diferencias tan grandes entre dos instituciones públicas. No se trata únicamente de una discusión entre especialistas o de una disputa por porcentajes: las estadísticas sirven para identificar problemas, orientar recursos y evaluar si las estrategias de seguridad están funcionando.

La revisión anunciada por Sheinbaum será fundamental para determinar qué explica la brecha y si es necesario corregir los mecanismos de registro. Porque una reducción de la violencia merece reconocerse cuando está sustentada en datos confiables, pero también exige transparencia sobre los homicidios que no coinciden entre las estadísticas oficiales.

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