La controversia comenzó a tomar fuerza después de que dirigentes de Somos México denunciaran que las autoridades estatales no habían transferido los recursos autorizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) para las actividades ordinarias del partido.
El financiamiento fue aprobado formalmente el 15 de julio de 2026, luego de que Somos México obtuviera su registro como partido político nacional, con efectos a partir del primer día de ese mes. Desde entonces, la organización adquirió el derecho de recibir prerrogativas públicas conforme a la legislación electoral.
Sin embargo, cuatro meses después, los depósitos seguían pendientes. De acuerdo con Álvarez Icaza, Somos México debería recibir aproximadamente 220 mil pesos mensuales para sostener sus operaciones en Yucatán, lo que representa más de un millón de pesos acumulados entre julio y noviembre.
El dirigente denunció la situación durante una visita a Mérida el 12 de noviembre, donde sostuvo reuniones con autoridades electorales y representantes locales de su partido. Ahí afirmó que el retraso afecta directamente su capacidad para organizar comités, contratar personal, instalar oficinas y preparar su participación en las elecciones de 2027.
Pero el problema no afecta únicamente a Somos México. El presidente del IEPAC confirmó que los partidos de nueva creación, incluidos PAZ y Compromiso Social, tampoco habían recibido las ministraciones correspondientes porque la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno estatal no había transferido los recursos.
Este dato confirma la existencia de un retraso presupuestal, aunque no demuestra por sí mismo que exista una instrucción política para perjudicar específicamente a Somos México. Esa es la acusación de sus dirigentes, quienes consideran que la falta de financiamiento coloca a los nuevos partidos en condiciones desiguales frente a las organizaciones que ya cuentan con estructuras consolidadas.
Álvarez Icaza fue más allá y acusó al Gobierno de Joaquín Díaz Mena de intentar asfixiar financieramente a la oposición. Según su postura, impedir que un partido acceda oportunamente a recursos legalmente autorizados puede afectar su capacidad para competir y vulnerar las condiciones de equidad que deben garantizarse en cualquier proceso electoral.
La preocupación aumentó ante la posibilidad de que el financiamiento sea entregado hasta finales de diciembre. Somos México advirtió que recibir los recursos prácticamente al cierre del ejercicio fiscal dificultaría utilizarlos para las actividades previstas durante 2026 y podría generar problemas administrativos relacionados con su comprobación.
Ante ese escenario, el partido anunció que recurrirá a las autoridades electorales. Sus representantes acudieron al IEPAC para promover un recurso que podría llegar a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de exigir la entrega de las prerrogativas.
Ana Rosa Payán Cervera, exalcaldesa de Mérida y consejera nacional de Somos, también cuestionó el retraso. La dirigente explicó que los recursos permitirían fortalecer la presencia del partido en los 106 municipios de Yucatán y sostuvo que el financiamiento público no constituye una concesión voluntaria del Gobierno, sino un derecho establecido en la legislación.
La controversia ocurre mientras Yucatán comienza a organizar su proceso electoral 2026-2027. En ese contexto, la disponibilidad de recursos adquiere especial importancia para los partidos que buscan presentar candidaturas, construir estructuras territoriales y darse a conocer entre los ciudadanos.
Por ahora, el financiamiento aprobado por el órgano electoral y la falta de entrega denunciada por los nuevos partidos son hechos que deben distinguirse de la acusación de bloqueo político. Determinar si existió una conducta deliberada para perjudicar a la oposición requerirá revisar las obligaciones presupuestales del Ejecutivo estatal y las resoluciones de las autoridades competentes.
El Gobierno de Yucatán tiene pendiente explicar las razones del retraso y precisar cuándo serán transferidos los recursos autorizados. Mientras tanto, Somos México mantiene su exigencia de recibir el financiamiento correspondiente.
La discusión va más allá de una diferencia entre Morena y un partido opositor. Lo que está en juego es el cumplimiento de las reglas que permiten a las distintas fuerzas políticas participar en condiciones de equidad. Porque una competencia electoral no depende solamente de que los partidos puedan aparecer en la boleta, sino también de que las autoridades respeten las condiciones legales para que todos puedan organizarse y participar.















Leave a Reply