La denuncia fue presentada mediante una carta pública dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que Gómez cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
El sobreviviente aseguró que las autoridades aprovecharon las condiciones de vulnerabilidad de quienes habían perdido a sus familiares o continuaban recuperándose de sus lesiones para impulsar acuerdos que permitieran cerrar los procedimientos penales relacionados con el accidente.
De acuerdo con su testimonio, las instituciones involucradas ejercieron presiones para que los afectados otorgaran el perdón y aceptaran mecanismos de reparación del daño. Gómez considera que estas acciones terminaron favoreciendo a la Secretaría de Marina, dependencia bajo cuya administración opera el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
Las acusaciones son graves, pero hasta ahora no existe una resolución judicial que acredite que las autoridades hayan coaccionado a las víctimas o actuado deliberadamente para encubrir responsabilidades.
El accidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando un tren de pasajeros de la Línea Z del Corredor Interoceánico descarriló cerca de Nizanda, Oaxaca. La tragedia dejó 14 personas fallecidas, alrededor de un centenar de lesionados y numerosas familias afectadas.
Entre los sobrevivientes se encontraba Jorge Gómez, quien sufrió fracturas en el esternón, la nariz, el maxilar y tres vértebras, además de lesiones en la cabeza, brazos, piernas y pulmones. La gravedad de sus heridas lo obligó a someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas y a mantener un proceso de recuperación médica.
Sin embargo, asegura que la Secretaría de Marina no ha garantizado la atención que podría necesitar en el futuro por las secuelas del accidente. Explicó que sus tratamientos se han realizado en el ISSSTE porque ya era derechohabiente de esa institución debido a su condición de trabajador federal, no porque la dependencia responsable de la operación ferroviaria hubiera asumido directamente los costos.
Su denuncia contrasta con la versión presentada por el Gobierno federal el pasado 8 de abril, cuando la FGR informó que 145 personas afectadas por el descarrilamiento habían recibido una reparación integral del daño mediante acuerdos con el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con la Fiscalía, entre los beneficiarios se encontraban 114 adultos y 31 menores de edad. La institución sostuvo que los acuerdos permitieron resolver el conflicto mediante mecanismos de justicia alternativa y dieron lugar a la extinción de la acción penal correspondiente.
Ese mismo día, la Secretaría de Gobernación anunció la conclusión del proceso de reparación integral y aseguró que las víctimas habían recibido atención médica especializada, acompañamiento psicológico y asesoría jurídica.
Pero Gómez cuestiona que el procedimiento pueda considerarse concluido cuando, según afirma, todavía existen necesidades médicas sin garantía de cobertura y compromisos pendientes.
El sobreviviente también reclamó que no se haya realizado una evaluación técnica independiente del tren para prevenir nuevos accidentes. Además, solicitó reconocer a los rescatistas que auxiliaron a los pasajeros después del descarrilamiento.
Su inconformidad alcanza directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. En su carta, Gómez reprochó que ninguna autoridad federal se haya acercado personalmente a ofrecerle una disculpa por lo ocurrido.
En cuanto a las responsabilidades penales, la investigación de la FGR atribuyó el descarrilamiento principalmente al exceso de velocidad y concentró las acusaciones en personal operativo del tren, entre ellos el maquinista, el conductor y el jefe de despacho.
La Fiscalía también informó que sus peritajes no encontraron incumplimientos normativos en las condiciones de las vías y del equipo ferroviario. Sin embargo, el sobreviviente sostiene que deben revisarse posibles responsabilidades adicionales y cuestiona que la investigación haya dejado fuera a otros niveles de decisión.
La controversia plantea una diferencia fundamental entre recibir una compensación económica y obtener una reparación verdaderamente integral. Esta última puede comprender atención médica futura, rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, dependiendo de las circunstancias y de los derechos reconocidos en cada caso.
Por ello, la firma de acuerdos reparatorios no elimina automáticamente las preguntas sobre las condiciones en que fueron aceptados ni sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos. Si existieron presiones, como denuncia Gómez, corresponderá a las autoridades competentes investigarlas y determinar sus consecuencias legales.
A casi once meses de la tragedia, el Gobierno federal sostiene que concluyó la reparación del daño, pero el testimonio de uno de los sobrevivientes cuestiona si todas las necesidades de las víctimas quedaron realmente atendidas.
El caso vuelve a colocar en el centro una exigencia que no debería perderse entre expedientes y comunicados oficiales: esclarecer las responsabilidades y garantizar que quienes resultaron afectados reciban la atención que necesitan.
Porque para Jorge Gómez, sobrevivir al descarrilamiento fue apenas el comienzo de otra batalla. Y mientras las autoridades consideran cerrado el proceso de reparación, él continúa preguntando quién responderá por las secuelas que podría cargar durante el resto de su vida.















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