La exigencia más reciente llegó el 17 de noviembre por parte de Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, quien pidió a la Fiscalía avanzar en las investigaciones y llamar a declarar tanto a Taddei como a los funcionarios y empresarios relacionados con las contrataciones bajo sospecha.
El legislador sostuvo que las autoridades ya deberían ofrecer respuestas sobre un caso que ha generado cuestionamientos al manejo de recursos públicos dentro del organismo electoral. Su postura se suma a la de otros representantes de Morena que, después de la renuncia de Taddei, comenzaron a exigir que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.
Sin embargo, el cambio de postura ha llamado la atención porque la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, en marzo de 2023, fue recibida favorablemente por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien destacó públicamente su trayectoria y honestidad.
Aunque su designación ocurrió mediante un procedimiento de insaculación en la Cámara de Diputados y no demuestra que fuera militante de Morena, el respaldo del expresidente quedó documentado. Ahora, cuando las acusaciones alcanzan a la exfuncionaria, distintos integrantes del oficialismo buscan deslindarse de cualquier responsabilidad política relacionada con su gestión.
La controversia comenzó a intensificarse en octubre, después de que se difundieran señalamientos sobre posibles conflictos de interés, adjudicaciones irregulares y relaciones entre funcionarios del INE y proveedores que recibieron contratos millonarios.
Las acusaciones provocaron una crisis dentro del instituto y derivaron en la renuncia de Taddei a finales de ese mes. Su salida fue acompañada por cambios en distintas áreas administrativas y la apertura de procedimientos para revisar las contrataciones cuestionadas.
Desde entonces, la ubicación de la expresidenta no ha sido confirmada públicamente. Aunque algunos reportes periodísticos señalan que permanece fuera de la vida pública y que su paradero es desconocido, no existe información oficial que permita afirmar que se encuentra prófuga, escondida o que esté evadiendo una orden judicial.
Mientras tanto, la Fiscalía ya comenzó a realizar diligencias dentro del INE. El 13 de noviembre, la presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, confirmó que personal de la FGR había acudido a dos instalaciones para solicitar documentación relacionada con las investigaciones.
Las actuaciones se realizaron en las oficinas centrales del instituto y en la Torre Zafiro, donde se encuentran áreas administrativas relacionadas con la contratación de bienes y servicios. Los agentes solicitaron expedientes y documentación que podrían ayudar a reconstruir los procedimientos mediante los cuales se asignaron determinados contratos.
Sin embargo, Cruz García reveló que, hasta esa fecha, la Fiscalía todavía no había solicitado revisar la antigua oficina de Guadalupe Taddei. La funcionaria aclaró que las investigaciones permanecen abiertas y que los requerimientos pueden ampliarse conforme avancen las diligencias.
El dato ha generado nuevas preguntas sobre el ritmo de las investigaciones. Aunque el INE presentó una denuncia penal a principios de noviembre, todavía no se conocen públicamente imputaciones formales contra la exconsejera presidenta por los hechos señalados.
La ausencia de una acusación penal no significa necesariamente que exista protección política. La Fiscalía debe reunir pruebas, identificar posibles delitos y establecer la participación individual de cada persona antes de proceder judicialmente. Sin embargo, también tiene la responsabilidad de investigar con diligencia y evitar retrasos injustificados.
La presión de Morena tampoco comenzó completamente ahora. Desde finales de octubre, legisladores como Alfonso Ramírez Cuéllar y Ricardo Monreal habían solicitado investigar las posibles irregularidades y determinar responsabilidades, incluso después de la renuncia de Taddei.
Lo que ha cambiado es la intensidad de los pronunciamientos y la exigencia de resultados concretos, cuando el caso ya acumula semanas de cuestionamientos públicos y se acerca el proceso electoral de 2027.
La controversia plantea un desafío tanto para las autoridades investigadoras como para los actores políticos. Por una parte, corresponde a la FGR determinar si existieron delitos relacionados con el manejo de contratos y recursos públicos. Por otra, quienes respaldaron públicamente a Taddei enfrentan preguntas sobre su relación política con la exfuncionaria y las señales de alerta que pudieron existir durante su gestión.
Hasta ahora no hay pruebas concluyentes de que Morena haya facilitado su ocultamiento, impedido investigaciones o encubierto delitos. Tampoco puede establecerse responsabilidad penal únicamente a partir de vínculos políticos o declaraciones de respaldo.
Pero el deslinde partidista no sustituye las explicaciones que requiere la ciudadanía. El INE administra recursos públicos y desempeña una función fundamental para la democracia mexicana, por lo que cualquier sospecha sobre contrataciones irregulares exige investigaciones transparentes y resultados verificables.
Guadalupe Taddei dejó la presidencia, la Fiscalía ya ingresó a instalaciones del instituto y Morena exige que se aceleren las indagatorias. Lo que todavía falta es esclarecer qué ocurrió con los contratos cuestionados, quiénes participaron en las decisiones y si existen responsabilidades administrativas o penales.
Porque la verdadera prueba no será qué partido exige investigar más fuerte, sino si las autoridades consiguen esclarecer los hechos, recuperar los recursos que eventualmente hayan sido desviados y aplicar la ley sin importar quién haya respaldado políticamente a los involucrados.















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