La detención ocurrió la noche del jueves 19 de noviembre y fue confirmada por la Fiscalía General de Quintana Roo durante la mañana de este viernes 20. Elementos de la Policía de Investigación, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, cumplimentaron una orden de aprehensión contra la exfuncionaria por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Las investigaciones se concentran en tres contratos otorgados entre 2022 y 2024, cuando Campos encabezaba el Ayuntamiento de Solidaridad, actualmente denominado Playa del Carmen. Los acuerdos estaban destinados al lavado especializado de vehículos pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Sin embargo, las autoridades detectaron inconsistencias que pusieron bajo sospecha la prestación de esos servicios. De acuerdo con la Fiscalía, los tres procedimientos de contratación fueron adjudicados presuntamente de manera irregular a un mismo proveedor, sin que existiera documentación suficiente para acreditar el cumplimiento de las obligaciones.
Uno de los datos más llamativos apareció en los registros de los servicios contratados. Durante ese periodo, el Ayuntamiento contaba con 123 vehículos oficiales, pero las bitácoras reportaban hasta 865 lavados en un solo mes, sin considerar días de descanso.
La cifra llamó la atención de los investigadores porque la empresa encargada de prestar el servicio tenía únicamente 15 trabajadores, lo que generó dudas sobre su capacidad para realizar las actividades reportadas.
La Fiscalía también señaló que el proveedor no contaba con los comprobantes fiscales digitales correspondientes a los primeros contratos. A pesar de ello, los pagos continuaron y, según las investigaciones, se acumularon operaciones sin documentación suficiente por más de 62 millones de pesos.
Las autoridades consideran que funcionarios municipales pudieron haber incumplido sus obligaciones de supervisión y vigilancia al no verificar adecuadamente los trabajos realizados ni exigir los documentos necesarios para justificar los pagos.
Por estos hechos, el Ministerio Público investiga si existió un uso indebido de las facultades administrativas durante la gestión de Campos, quien gobernó el municipio turístico entre 2021 y 2024 bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).
La exalcaldesa ya había enfrentado cuestionamientos relacionados con el manejo de recursos públicos. Durante los últimos años, distintas revisiones administrativas y denuncias pusieron bajo observación contratos y operaciones financieras de su administración.
Sin embargo, Campos ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que las investigaciones en su contra tienen motivaciones políticas. La exfuncionaria ha acusado a las autoridades de Quintana Roo, entidad gobernada por Morena, de impulsar procedimientos para perjudicar su trayectoria pública.
Estas declaraciones forman parte de su postura de defensa, mientras que las irregularidades señaladas por la Fiscalía deberán ser demostradas ante las autoridades judiciales.
Después de su detención en la capital del país, las autoridades iniciaron las diligencias necesarias para trasladarla a Quintana Roo, donde será presentada ante el juez que solicitó su captura.
Será durante la audiencia correspondiente cuando el Ministerio Público exponga los elementos de investigación y la defensa tenga oportunidad de controvertirlos. Posteriormente, el juez determinará si existen datos suficientes para vincularla a proceso y qué medidas cautelares resultan procedentes.
La detención no representa una sentencia condenatoria ni demuestra automáticamente que la exalcaldesa haya cometido los delitos que se le atribuyen. Conforme al principio de presunción de inocencia, su responsabilidad deberá establecerse mediante el procedimiento judicial correspondiente.
El caso también abre preguntas sobre la supervisión de los contratos públicos municipales. Más allá de la responsabilidad individual que pudiera determinarse, las investigaciones deberán esclarecer cómo se autorizaron los pagos, qué servicios fueron efectivamente realizados y quiénes participaron en su revisión.
Por ahora, Lili Campos enfrenta una investigación penal por un presunto perjuicio superior a 62 millones de pesos, relacionado con servicios de lavado de vehículos oficiales.
La Fiscalía tendrá que demostrar sus acusaciones ante un juez, mientras que la defensa podrá presentar los argumentos y pruebas que considere pertinentes. El siguiente paso será conocer si la exalcaldesa es vinculada a proceso y qué ocurrió realmente con los recursos públicos que hoy se encuentran bajo investigación.















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