La protesta de productores agrícolas en Zacatecas escaló a uno de sus puntos más críticos cuando campesinos irrumpieron e incendiaron instalaciones de Segalmex, en respuesta a lo que califican como un incumplimiento del gobierno en la compra de frijol. El hecho no fue aislado, sino el resultado de semanas de bloqueos, manifestaciones y reclamos que no encontraron respuesta.
El conflicto tiene un origen claro: acuerdos de compra que, según los productores, no se respetaron. Denuncian que centros de acopio fueron cerrados, que no se recibieron sus cosechas y que miles de toneladas de frijol quedaron sin salida comercial. Para muchos de ellos, Segalmex representa prácticamente el único canal de venta, por lo que el incumplimiento no solo afecta el ingreso, sino toda la viabilidad de su actividad.
Las consecuencias son inmediatas. Agricultores con producto almacenado, sin compradores y con deudas acumuladas tras la temporada de siembra y cosecha. En ese contexto, la presión fue aumentando hasta convertirse en confrontación directa, evidenciando el nivel de desesperación en el sector.
El caso también revive cuestionamientos sobre la operación de Segalmex, un organismo creado para respaldar al campo, pero que arrastra antecedentes de fallas, irregularidades y señalamientos de corrupción. Para los productores, el problema ya no es solo administrativo, sino estructural.
Lo ocurrido en Zacatecas refleja algo más profundo que un acto de violencia. Es la señal de un sistema que dejó de funcionar para quienes dependen de él. Porque cuando el canal de compra falla, el productor no solo pierde una venta, pierde toda la temporada.
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