Enrique Inzunza Cázarez dice que no tiene nada que temer. El senador de Morena por Sinaloa ha negado los señalamientos hechos desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y ha defendido públicamente que las acusaciones en su contra son falsas. Pero mientras el discurso apunta a la tranquilidad, los hechos políticos cuentan otra historia: Inzunza ya no aparece en el Senado.
El caso dejó de ser solamente un expediente judicial o diplomático. Ahora también es un problema de responsabilidad pública. Porque Inzunza no ha sido condenado, pero tampoco ha pedido licencia, no se ha separado formalmente del cargo y no está cumpliendo de manera visible con el trabajo legislativo para el que fue electo. Sigue siendo senador, pero su ausencia ya pesa.
La contradicción es evidente: si las acusaciones son falsas, como él sostiene, lo lógico sería verlo en la tribuna, en las sesiones, en las comisiones y frente a las cámaras, defendiendo su nombre y cumpliendo con su responsabilidad. Pero ocurrió lo contrario. Desde que el caso escaló, su presencia pública se volvió cada vez más difusa y el Senado ya tuvo que reorganizar parte del trabajo que originalmente pasaba por la comisión que él preside.
Las reformas previstas para el periodo extraordinario ya no serán discutidas por la Comisión de Estudios Legislativos, encabezada por Inzunza, sino por otra comisión del Senado. Oficialmente, desde Morena se ha dicho que se trata de una distribución normal del trabajo legislativo. Pero políticamente el mensaje es difícil de ocultar: si el presidente de una comisión no aparece, alguien más tiene que hacer su trabajo.
Ahí está el punto central. La presunción de inocencia debe respetarse, pero no cancela la obligación pública de dar la cara. Inzunza tiene derecho a defenderse, a negar las acusaciones y a exigir que no se le condene mediáticamente. Pero también tiene una responsabilidad como legislador en funciones. No pedir licencia y al mismo tiempo ausentarse de tareas clave deja una pregunta inevitable: ¿está ejerciendo el cargo o solo lo conserva?
Dentro de la 4T han intentado bajar el costo político del caso. Se ha dicho que los señalados están ubicados, que no hay una situación fuera de control y que las instituciones siguen su curso. Pero esa narrativa choca con una realidad incómoda: uno de sus senadores, señalado en un caso de alto impacto, no está presente en el Senado y sus responsabilidades legislativas empiezan a ser absorbidas por otros.
El problema no es solo legal. Es político. Porque Morena ha construido buena parte de su discurso sobre la autoridad moral, la transparencia y la diferencia frente al pasado. Pero cuando un senador señalado deja de aparecer, no pide licencia y aun así conserva el cargo, la pregunta deja de ser únicamente qué dice Estados Unidos y pasa a ser qué hace el movimiento que lo arropa.
Enrique Inzunza no ha sido condenado. Eso debe quedar claro. Pero tampoco basta con decir que todo es falso mientras se abandona el espacio público. En política, la defensa no solo se declara: también se sostiene con presencia, con explicación y con responsabilidad.
Hoy el Senado ya se movió sin él. Morena dice que no pasa nada. Pero la ausencia de Inzunza dice demasiado.
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