El Gobierno de México acusó falta de reciprocidad de Estados Unidos en materia de extradiciones, justo en medio de la presión por el caso Rocha Moya y los señalamientos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Claudia Sheinbaum señaló que, entre 2018 y mayo de 2026, México ha presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos y que ninguna se ha concretado.
De acuerdo con el Gobierno mexicano, de esas solicitudes 36 fueron negadas y 233 siguen pendientes. El reclamo es claro: Washington exige cooperación y entregas cuando se trata de personas reclamadas por sus cortes, pero no responde con la misma velocidad cuando México pide a personas acusadas o investigadas en territorio nacional.
El contexto vuelve el tema todavía más delicado. Estados Unidos pidió la detención de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa, mientras dos integrantes de su círculo ya están bajo custodia estadounidense. Frente a esa presión, México sostiene que no puede actuar solo por señalamientos y que necesita pruebas, procedimientos formales y reciprocidad judicial.
Pero el reclamo también tiene una lectura política. El Gobierno busca frenar la narrativa de que está protegiendo a los suyos y mover la discusión hacia soberanía, cooperación desigual y trato diplomático. En otras palabras, México intenta responder a la presión de Washington con una pregunta incómoda: si Estados Unidos exige entregas, ¿por qué no entrega a quienes México reclama?
La duda queda abierta: ¿México está defendiendo una cooperación judicial más pareja o está usando el reclamo para bajar la presión del caso Rocha? Lo cierto es que el choque ya no es solo jurídico. También es político, diplomático y profundamente incómodo para ambos gobiernos.
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