La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta una ofensiva política y judicial que ya abrió varios frentes al mismo tiempo. Primero fue la FGR, luego Morena en el Congreso y ahora vuelve a aparecer Javier Corral, exgobernador de Chihuahua y actual senador de Morena, con una denuncia relacionada con el intento de detenerlo en 2024.
El primer golpe vino desde la Fiscalía General de la República, que citó a Maru Campos como testigo por el caso del operativo con agentes de la CIA en Chihuahua. La investigación gira alrededor de la supuesta participación de agentes extranjeros en territorio mexicano y las posibles implicaciones legales de ese operativo. Oficialmente, la gobernadora fue llamada como testigo. Pero Maru acusa que el objetivo real es fabricarle un caso y convertirla en inculpada.
Después vino el frente político. Morena pidió juicio político en su contra con el argumento de que habría permitido una intervención irregular de agentes extranjeros en Chihuahua. Con eso, el caso dejó de estar solamente en el terreno ministerial y pasó al terreno del desgaste público, donde el oficialismo busca colocar a la gobernadora opositora bajo sospecha.
Y ahora reaparece Javier Corral.
El exgobernador, hoy senador de Morena, mantiene una denuncia relacionada con el intento de detenerlo en 2024, cuando autoridades de Chihuahua buscaron cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. En aquel momento, Corral fue protegido políticamente por el entorno de la 4T. Ahora, una denuncia suya vuelve a presionar a Maru Campos justo cuando ya enfrenta una embestida desde la FGR y desde Morena.
Ahí está la doble vara. Cuando Chihuahua intentó detener a Corral, el oficialismo cerró filas alrededor de él. Pero cuando se trata de Maru Campos, gobernadora panista y figura incómoda para el régimen, los expedientes aparecen, los citatorios se multiplican y la presión política crece.
La FGR tiene la obligación de investigar cualquier hecho que pueda ser irregular. Pero también tiene la obligación de hacerlo con imparcialidad, sin convertirse en instrumento del poder político. El problema es que, cuando sus movimientos coinciden con los intereses de Morena, la duda se vuelve inevitable.
No se trata de negar que los casos deban investigarse. Si hubo irregularidades en Chihuahua, tienen que aclararse. Pero una cosa es investigar y otra muy distinta es abrir frentes simultáneos contra una gobernadora opositora mientras personajes cercanos al oficialismo reciben un trato mucho más cuidadoso.
Maru Campos no solo enfrenta citatorios. Enfrenta una operación política que busca arrinconarla desde varios lados: la FGR, Morena y aliados del régimen. Y en ese escenario, la pregunta de fondo ya no es únicamente jurídica.
La pregunta es política: ¿estamos viendo justicia o persecución contra una gobernadora que incomoda a la 4T?
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