La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que los restos localizados durante un operativo corresponden a la periodista Roxana Berenice Guzmán. La comunicadora permanecía desaparecida desde principios de junio, cuando fue privada de la libertad en el sur de la entidad. Un mes después, la búsqueda terminó de la peor manera: con la confirmación de su asesinato.
Roxana era conocida por documentar la violencia, la inseguridad y los conflictos que afectan a municipios del sur de Veracruz. A través de su trabajo periodístico denunciaba hechos que con frecuencia incomodaban a autoridades y grupos de poder, convirtiéndose en una voz constante sobre la realidad que viven miles de veracruzanos.
Durante las semanas en que permaneció desaparecida, la actuación del gobierno estatal fue duramente cuestionada. La gobernadora Rocío Nahle sostuvo públicamente que no existían elementos para afirmar que se tratara de un ataque relacionado con el ejercicio periodístico y aseguró que los casos de violencia contra comunicadores no podían atribuirse automáticamente a su profesión. Sus declaraciones provocaron críticas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de colegas de la periodista, quienes exigían una investigación con perspectiva de riesgo para periodistas.
Con el avance de las investigaciones, la Fiscalía informó la detención de varias personas presuntamente involucradas en el secuestro y asesinato de Roxana. Entre ellas se encuentran policías municipales, además de presuntos integrantes de un grupo criminal que operaba en la región. La participación de servidores públicos en el caso volvió a encender las alertas sobre la infiltración del crimen organizado en corporaciones de seguridad locales.
El hallazgo de los restos no solo representa el desenlace de una búsqueda, sino también un nuevo golpe para la libertad de expresión en Veracruz, uno de los estados con mayor historial de agresiones contra periodistas en México. Diversas organizaciones han señalado durante años que el principal problema no es únicamente la violencia, sino la impunidad con la que se cometen estos delitos y la falta de mecanismos eficaces para proteger a quienes ejercen el periodismo.
Hoy las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de todos los involucrados y esclarecer el móvil del crimen. Sin embargo, para familiares, colegas y organizaciones civiles, hay una realidad imposible de cambiar: Roxana ya no regresará.
Una disculpa no la devuelve. Un discurso tampoco. Lo que el Estado debía garantizar era que pudiera seguir haciendo periodismo con vida.
La muerte de Roxana Berenice Guzmán deja una pregunta que vuelve a perseguir a Veracruz: ¿cuántos periodistas más tendrán que ser asesinados antes de que proteger a quienes informan deje de ser un discurso y se convierta en una verdadera política de Estado?
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