La Corte avaló el modelo de la SEP que flexibiliza la reprobación en educación básica. El gobierno lo presenta como una medida de inclusión, permanencia escolar y combate al abandono. En el discurso suena bien: que ningún niño se quede atrás. Pero el problema es que pasar de grado no significa aprender, y borrar la reprobación del reporte no borra el rezago de las aulas.
México no llega a esta decisión con un sistema educativo fuerte. Llega con bajos niveles en lectura, matemáticas y ciencias, con maestros rebasados, escuelas con carencias y generaciones que ya arrastran lagunas enormes de aprendizaje. En ese contexto, flexibilizar la reprobación sin garantizar tutorías reales, diagnóstico serio y recuperación académica puede convertirse en una forma elegante de maquillar el fracaso.
Menos reprobados no significa necesariamente mejores estudiantes. Puede significar algo mucho más grave: que el sistema dejó de medir con rigor para que la estadística se vea más bonita. El alumno avanza, el informe mejora, la escuela presume permanencia, pero el problema sigue ahí. Solo cambia de salón, de maestro y de año escolar.
El golpe más fuerte será para los alumnos más pobres. Las familias con dinero podrán pagar regularización, escuelas privadas o clases extra. Las demás dependerán de una escuela pública cada vez más presionada, más saturada y ahora con menos herramientas para exigir. Así, una medida que se vende como inclusión puede terminar profundizando la desigualdad.
La verdadera inclusión no es dejar pasar a un niño aunque no aprenda. La verdadera inclusión sería garantizar que aprenda, acompañarlo, reforzarlo y darle las herramientas para no quedarse atrás. Porque dejarlo avanzar con carencias también es abandonarlo.
Un país no se vuelve más justo bajando la exigencia. Se vuelve más vulnerable, más desigual y más fácil de manipular. El problema no era reprobar alumnos; el problema es que México no está logrando enseñarles, y ahora tampoco quiere admitirlo.
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