La reforma judicial impulsada por Morena, presentada como uno de los cambios más profundos al sistema de justicia en México, hoy enfrenta una señal clara de fractura interna. Legisladores del propio partido, entre ellos Olga Sánchez Cordero, han propuesto retrasar la elección de jueces prevista para 2027 y moverla a 2028, argumentando fallas en el diseño original.
El movimiento no es menor. No se trata de una crítica desde la oposición, sino de Morena corrigiendo su propia reforma antes de terminar de aplicarla. La iniciativa reconoce problemas como politización, filtros insuficientes y el riesgo de que perfiles sin preparación lleguen al Poder Judicial, lo que obliga —según sus propios impulsores— a replantear reglas y tiempos.
Pero el tema no está cerrado ni dentro del partido. Mientras algunos legisladores empujan el cambio, otras voces han salido a negar que exista un acuerdo para aplazar la elección, evidenciando una falta de consenso interno. El resultado es una escena poco común: un partido ajustando uno de sus proyectos insignia mientras todavía está en proceso de implementación.
La contradicción es evidente. La reforma fue presentada como una transformación histórica que daría legitimidad al sistema judicial mediante el voto popular, pero hoy el discurso se modifica. Lo que se vendió como listo ahora necesita ajustes, tiempo adicional y nuevos filtros.
Más allá del calendario, el fondo del asunto es político. Retrasar la elección implica reconocer que el modelo no estaba completamente resuelto y que el proceso requiere correcciones antes de avanzar. En los hechos, Morena no está enfrentando a la oposición en este tema, sino a las propias inconsistencias de su reforma.
La lectura es clara: no es una batalla externa, es un ajuste interno. Y cuando una reforma empieza a cambiar antes de consolidarse, lo que queda en duda no es solo la fecha… sino la solidez del proyecto completo.
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