El INE puso distancia frente a la iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum para crear una comisión encargada de revisar perfiles de aspirantes rumbo a las elecciones de 2027. Aunque la propuesta busca detectar posibles vínculos con el crimen organizado antes de que ciertos perfiles lleguen a las boletas, el Instituto advirtió un riesgo central: no puede organizar una elección y, al mismo tiempo, convertirse en filtro de candidaturas.
La frase clave la dio Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE: “No podemos ser juez y parte”. Con eso marcó la preocupación de fondo. El árbitro electoral tiene la tarea de organizar, vigilar y garantizar la legalidad de las elecciones, pero investigar antecedentes, riesgos o posibles vínculos criminales corresponde a fiscalías, autoridades de seguridad y órganos judiciales.
La iniciativa plantea crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del propio INE. En el discurso, el objetivo parece difícil de rechazar: impedir que perfiles relacionados con el crimen organizado lleguen a competir por cargos públicos. El problema está en quién haría esa revisión y con qué consecuencias políticas.
Si el INE recibe información reservada, analiza expedientes y emite valoraciones sobre aspirantes, podría dejar de ser solo árbitro y convertirse en un actor con peso directo sobre quién compite y quién no. Eso abriría una zona delicada para la imparcialidad electoral, especialmente en un país donde las acusaciones políticas pueden convertirse rápidamente en herramientas de desgaste.
Por eso el rechazo del INE no significa minimizar el problema de las candidaturas ligadas al crimen. Significa advertir que combatir ese riesgo no puede hacerse debilitando la neutralidad del órgano electoral. La responsabilidad de investigar delitos no debe trasladarse al instituto que organiza la contienda.
La propuesta todavía debe discutirse en el Congreso, pero el mensaje del INE ya quedó claro: cuidar las elecciones no significa asumir funciones de fiscalía. Y si el gobierno quiere cerrar la puerta a candidatos vinculados con el crimen, tendrá que hacerlo fortaleciendo instituciones de justicia, no cargándole al árbitro electoral una tarea que podría comprometer su independencia.
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