El Gobierno de la Ciudad de México quedó en el centro de la polémica luego del operativo realizado contra madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas que se manifestaban sobre Calzada de Tlalpan, una de las principales vialidades de la capital. Lo que comenzó como un intento por impedir el bloqueo terminó con denuncias de agresiones, uso de la fuerza y una disculpa pública por parte de las autoridades.
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, reconoció que el objetivo del operativo era evitar el cierre de la vialidad debido al impacto que tendría en la movilidad de la ciudad, especialmente previo al partido entre México y Ecuador en el Estadio Azteca. Sin embargo, el operativo rápidamente escaló y las imágenes de policías empujando y encapsulando a madres buscadoras provocaron una fuerte indignación dentro y fuera del país.
Las manifestantes no protestaban por una demanda política o partidista. Se trataba de familias que buscan a sus hijos, hijas, esposos, hermanos y padres desaparecidos, en un país que supera las 130 mil personas no localizadas según cifras oficiales. Para ellas, bloquear una avenida representaba una forma de exigir que las autoridades dejaran de ignorar una crisis que lleva años creciendo.
Tras el enfrentamiento, colectivos de búsqueda denunciaron empujones, encapsulamiento, golpes y uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Varios familiares aseguraron que el operativo no fue una reacción improvisada, sino una acción planeada para impedir que la protesta afectara el desarrollo del evento deportivo que se celebraría horas más tarde.
Ante la presión pública, César Cravioto ofreció una disculpa a nombre del Gobierno capitalino y lamentó lo ocurrido. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció el inicio de una investigación interna para revisar la actuación de los policías que participaron en el operativo.
Sin embargo, la disculpa no cerró la polémica. Para los colectivos, el problema no fue únicamente el comportamiento de algunos elementos, sino la decisión de priorizar la circulación de vehículos y el desarrollo de un evento masivo sobre el derecho de las víctimas a manifestarse. También cuestionaron que, hasta ahora, ninguna autoridad haya explicado quién ordenó el despliegue policial ni bajo qué criterios se autorizó contener a familiares de personas desaparecidas.
Las autoridades han insistido en que nunca existió una instrucción para reprimir la protesta. No obstante, las madres buscadoras sostienen una versión distinta. Algunas de ellas afirman que la actuación policial fue demasiado coordinada para tratarse de una simple reacción y consideran que existió una orden directa para impedir que su manifestación continuara.
El episodio reabrió un debate que acompaña desde hace años a los gobiernos de todos los niveles: la manera en que el Estado responde a quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Mientras los discursos oficiales hablan de acompañamiento, empatía y compromiso con las víctimas, las imágenes de Calzada de Tlalpan mostraron una realidad distinta, donde las familias terminaron frente a un cerco policiaco en lugar de una mesa de diálogo.
Más allá de la disculpa pública, el caso deja una pregunta difícil de responder: ¿cómo puede un gobierno que dice estar del lado de las víctimas justificar un operativo contra madres que llevan años haciendo el trabajo que las propias autoridades no han podido resolver?
Porque el problema ya no es solamente un bloqueo o una vialidad cerrada. El problema es el mensaje que deja un Estado que reaccionó con mayor rapidez para contener una protesta que para encontrar a miles de personas desaparecidas.
Y mientras esa percepción no cambie, cualquier disculpa correrá el riesgo de ser vista como un intento de controlar los daños, no de hacer justicia.
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