La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar el procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García, abriendo una de las crisis más delicadas de su administración.
El señalamiento central apunta a una presunta triangulación de recursos públicos hacia contratistas y despachos vinculados con personas de su entorno cercano, además de posibles actos de corrupción. Por ahora, se trata de acusaciones que deberán ser analizadas y acreditadas durante el procedimiento legislativo.
Las cifras reportadas no son uniformes. Distintas denuncias y publicaciones hablan de montos que irían desde cerca de mil millones hasta casi tres mil millones de pesos. Esa diferencia obliga a manejar el caso con precisión: el Congreso deberá determinar qué operaciones están documentadas, cuáles pueden probarse y si existe responsabilidad directa del gobernador.
Uno de los elementos más llamativos es la coincidencia política que permitió avanzar el expediente. Morena, PRI y PAN votaron en el mismo sentido para abrir el procedimiento contra Samuel García, una alianza poco habitual, pero suficiente para colocar al mandatario en una posición de máxima presión.
Movimiento Ciudadano acusa persecución política. Desde el partido naranja sostienen que el juicio busca golpear al gobernador y que el Congreso de Nuevo León ha convertido el expediente en un arma dentro de la confrontación que mantienen el Poder Legislativo y el gobierno estatal.
Samuel García tendrá derecho a defenderse. Podrá responder por escrito, comparecer personalmente o hacerlo mediante sus abogados. Después, el expediente seguirá su ruta legislativa y, dependiendo del análisis y las decisiones posteriores, podría llegar al Pleno del Congreso.
El momento no podría ser más incómodo. Nuevo León se encuentra bajo reflectores internacionales por el Mundial 2026, mientras su gobernador enfrenta señalamientos de corrupción, cuestionamientos sobre el despacho familiar y una presión legislativa que ya dejó de ser solo discurso político.
La pregunta de fondo es directa: ¿hubo realmente una triangulación de recursos públicos hacia el entorno cercano de Samuel García o se trata de una ofensiva política para debilitarlo rumbo a las elecciones del próximo año? El Congreso abrió la puerta. Ahora tendrá que demostrar si detrás del golpe político existen pruebas suficientes.
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