Si el golpe al narco lo presume Maru, Morena grita soberanía; si el señalado es Rocha, pide calma y pruebas.

Morena convocó a marchar contra Maru Campos en Chihuahua por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio. El discurso del partido es fuerte: soberanía nacional, juicio político, comparecencia y responsabilidades políticas contra la gobernadora panista.
Pero el contraste es imposible de ignorar. Mientras Morena endurece el tono contra Maru Campos, baja la voz cuando el escándalo toca a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa y figura de su propio movimiento. En su caso, el mensaje oficial cambia: piden pruebas, prudencia, debido proceso y cuidado con los señalamientos.
Ahí está la contradicción política. Si el operativo contra el narco ocurre en un estado gobernado por el PAN, Morena habla de intervención extranjera y defensa de la soberanía. Pero si el señalado es un gobernador de Morena, acusado desde Estados Unidos y bajo presión política nacional, entonces el discurso se vuelve mucho más cuidadoso.
El problema no es exigir legalidad ni defender la soberanía. El problema es aplicarla según convenga. Porque México vive una crisis de violencia, desapariciones, extorsiones y control criminal que no distingue partidos. Mientras los cárteles siguen golpeando al país, la clase política parece elegir sus batallas no por la gravedad del problema, sino por el color del gobierno involucrado.
Morena quiere poner a Maru Campos contra la pared, pero la pregunta incómoda queda abierta: ¿por qué no usa esa misma fuerza contra los casos que realmente exhiben la profundidad de la violencia en México, incluso cuando tocan a los suyos? Porque si la soberanía y la justicia importan, deberían importar siempre, no solo cuando sirven para pegarle al adversario.