Sergio Daniel era estudiante del CETIS 69 y una promesa del boxeo en Ciudad Obregón, Sonora. Tenía apenas 16 años, entrenaba con disciplina y, de acuerdo con su familia, era un joven bueno, trabajador y con ganas de salir adelante. Su pelea estaba en el ring, no en las calles.
La noche del 5 de mayo, Sergio fue atacado cuando regresaba de entrenar, cerca de su casa, en la colonia Santa Fe. Había salido del gimnasio, pero nunca llegó a salvo. Su madre denunció que antes del crimen había sido presionado para trabajar con el crimen organizado. Él se negó.
La Fiscalía de Sonora informó órdenes de aprehensión contra dos adolescentes de 17 años, señalados como probables responsables del homicidio. El dato vuelve el caso todavía más brutal: menores de edad acusados de matar a otro menor. Jóvenes convertidos en piezas de una violencia que los recluta, los usa y los enfrenta entre ellos.
El asesinato de Sergio no solo duele por la pérdida de una vida inocente. Duele porque exhibe el país que estamos dejando: un México donde un adolescente puede ser presionado para entrar al crimen organizado y donde decir que no puede costarle la vida. Un país donde el narco llega antes que las oportunidades, antes que la seguridad y muchas veces antes que el Estado.
Sergio quería pelear arriba de un ring, pero terminó enfrentando algo mucho más grande: la presión criminal, el miedo y el abandono. Su historia no debería convertirse en una cifra más. Debería ser una alarma nacional sobre una generación que está creciendo entre reclutamiento, violencia y falta de protección real.
México le falló a Sergio. Y mientras el crimen siga llegando antes que el Estado, muchos jóvenes seguirán teniendo que elegir entre obedecer, huir o morir.
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