Claudia Sheinbaum aseguró que cerca de la mitad de las líneas celulares del país ya habían sido vinculadas con la identidad de sus usuarios. Sin embargo, el último corte público verificable ubicaba el avance por debajo de 40%, con decenas de millones de números todavía pendientes.
La diferencia no es menor. Entre lo declarado por la presidenta y los datos disponibles aparecen millones de líneas adicionales que no están respaldadas por un corte público actualizado. Para sostener que el registro ya llegó a 50%, el Gobierno tendría que informar la fecha exacta, el número total y la fuente de esa cifra.
Mientras las autoridades presumen avances, entre los usuarios continúa creciendo la desconfianza. Algunas personas aseguran que después de registrar su número comenzaron a recibir mensajes sospechosos o publicidad no solicitada. Hasta ahora no existe evidencia que permita atribuir directamente esos mensajes al trámite, pero los testimonios han aumentado el temor sobre el manejo de la información personal.
En redes sociales también circulan llamados a no registrar las líneas por miedo a filtraciones, fraudes y suplantación de identidad. El problema es que el Gobierno exige confianza en un sistema que desde su implementación ha enfrentado críticas por fallas técnicas, vulnerabilidades y falta de claridad.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sostiene que los datos son resguardados por las compañías telefónicas y que no existe un padrón central con información biométrica. El registro contempla la vinculación del número con datos como el nombre y la CURP.
Sin embargo, las explicaciones oficiales todavía no han logrado convencer a millones de usuarios de que su información estará completamente protegida ni de que no terminará siendo utilizada con otros fines.
El plazo vence el 30 de junio y las líneas que no hayan sido vinculadas podrían ser suspendidas. Así, millones de personas deben realizar un trámite obligatorio mientras persisten dudas sobre las cifras, la protección de datos y las consecuencias reales del registro.
No basta con que Sheinbaum diga que “ya vamos a la mitad”. El Gobierno debe publicar el corte completo, explicar la diferencia con los datos disponibles y garantizar que registrar un celular no termine abriendo la puerta a más mensajes sospechosos, fraudes o filtraciones.
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