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¡30 años después y la culpa sigue siendo de Salinas! Sheinbaum señala al pasado por corrupción en el INE, pero los contratos continuaron durante Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a mirar hacia el pasado para explicar una nueva polémica del presente. Esta vez responsabilizó a una presunta red de corrupción que, según su Gobierno, comenzó a construirse durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y se fortaleció cuando Lorenzo Córdova presidía el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, las cifras presentadas por su propia administración revelan un dato incómodo: las empresas señaladas continuaron obteniendo contratos millonarios durante los años más recientes, cuando Guadalupe Taddei encabezaba el organismo.

Durante su conferencia del 5 de noviembre, Sheinbaum presentó información de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sobre un grupo de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. De acuerdo con la investigación gubernamental, ambos tuvieron antecedentes laborales en instituciones federales durante los años noventa y posteriormente construyeron una red de proveedores de materiales electorales que consiguió contratos públicos durante casi tres décadas.

La secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, explicó que el grupo empresarial habría utilizado distintas compañías para participar en licitaciones y aparentar competencia entre proveedores. Según los señalamientos oficiales, algunas de estas empresas carecían de capacidad operativa suficiente y habrían recurrido a mecanismos para concentrar contratos. Se trata de posibles irregularidades que deberán ser acreditadas mediante las investigaciones correspondientes.

Las cifras permiten dimensionar el caso. Entre 2015 y 2023, durante buena parte de la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE, las empresas relacionadas con los Hernández Casillas recibieron contratos por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos de 23 organismos públicos electorales estatales. Sheinbaum utilizó estos datos para sostener que el problema no comenzó con la administración más reciente y que sus antecedentes deben investigarse.

Pero hay un segundo periodo que también merece atención. Entre 2024 y 2025, cuando Guadalupe Taddei ya presidía el INE, el mismo grupo empresarial obtuvo contratos por otros 646.3 millones de pesos con 15 organismos electorales locales. Es decir, las contrataciones continuaron después del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y durante el inicio de la administración de Sheinbaum, pese a los antecedentes que ahora presenta el Gobierno federal.

La distinción es importante: los organismos electorales locales cuentan con sus propios procedimientos de contratación, por lo que no puede atribuirse automáticamente cada adjudicación a la presidencia del INE o al Gobierno federal. Sin embargo, la continuidad de estas operaciones plantea preguntas sobre los controles de supervisión, los mecanismos de detección de riesgos y las responsabilidades de las autoridades electorales de cada periodo.

Sheinbaum insistió en que no pretende defender a Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del INE en medio de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas. La mandataria aseguró que, si la exfuncionaria cometió algún acto ilegal, deberá responder ante las autoridades. Al mismo tiempo, pidió que las investigaciones abarquen administraciones anteriores y no se concentren exclusivamente en los contratos más recientes.

El Gobierno también señaló vínculos históricos entre los empresarios investigados y personajes que actualmente participan en el partido Somos, entre ellos antiguos funcionarios electorales. Sin embargo, esas relaciones profesionales o políticas no demuestran por sí mismas la existencia de una conspiración ni acreditan responsabilidades penales. El partido ha rechazado los señalamientos y anunciado posibles acciones legales.

Mientras tanto, la Auditoría Superior de la Federación mantiene bajo revisión las contrataciones electorales cuestionadas. Las investigaciones deberán establecer si existieron simulaciones de competencia, incumplimientos contractuales, daños al patrimonio público o responsabilidades de funcionarios. Identificar el origen de una red de proveedores es relevante, pero también lo es explicar por qué conservó su capacidad para obtener contratos durante tantos años.

El caso deja una contradicción que merece una respuesta concreta. Si el Gobierno sostiene que estas empresas arrastraban antecedentes de irregularidades desde hace décadas, ¿qué mecanismos fallaron para que siguieran contratando con instituciones electorales en 2024 y 2025? La responsabilidad no puede determinarse únicamente por el partido que gobernaba en cada momento, sino por las decisiones, omisiones y actuaciones de quienes tenían facultades para supervisar los recursos públicos.

A más de tres décadas del gobierno de Carlos Salinas, señalar el origen histórico de una presunta red de corrupción puede ayudar a entender cómo se construyó, pero no explica por completo cómo logró mantenerse. Sheinbaum ha pedido investigar el pasado; ahora corresponde esclarecer también el presente. Porque si las mismas empresas continuaron recibiendo cientos de millones de pesos en contratos recientes, la pregunta ya no es solamente quién permitió que comenzaran las irregularidades, sino quién debió detectarlas y qué hizo para impedir que continuaran.

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