La polémica comenzó después de que se documentara que la legisladora no había asistido presencialmente a ninguna de las sesiones del pleno durante el periodo ordinario iniciado a finales de agosto. De las 18 inasistencias registradas hasta principios de noviembre, 12 fueron justificadas por el Senado, mientras que seis quedaron sin justificación. Pese a ello, Ruiz continuó recibiendo su remuneración mensual.
La explicación de su ausencia está relacionada con su situación migratoria. Karina Ruiz reside en Arizona, Estados Unidos, donde enfrenta dificultades para salir del país debido al vencimiento de su permiso de residencia. Según reportes periodísticos, viajar a México podría impedirle regresar a territorio estadounidense mientras resuelve sus trámites migratorios. Sin embargo, esta circunstancia no figura expresamente entre las causas reglamentarias para justificar ausencias legislativas prolongadas.
El asunto se volvió todavía más controvertido por la fecha en que decidió solicitar licencia. Fue hasta el 10 de noviembre cuando la morenista pidió separarse temporalmente de sus funciones, con efectos hasta el 15 de diciembre, último día del periodo ordinario. Su reincorporación está programada para el 16 de diciembre, precisamente cuando comienza el receso legislativo y dejan de celebrarse las sesiones ordinarias del pleno.
La decisión generó críticas porque, al concluir su licencia, la senadora podría volver a recibir su dieta durante el receso, aun cuando no tenga que presentarse a sesiones ordinarias. Su solicitud fue aprobada por el Senado, permitiendo que su suplente, Octavia Hernández Farret, ocupe el escaño durante el periodo autorizado.
Pero hay otro detalle que aumentó los cuestionamientos. A finales de septiembre, Ruiz ya había solicitado una licencia temporal para permitir que su suplente participara en una votación importante para Morena. Después de esa participación, retomó formalmente el cargo, aunque permaneció físicamente en Estados Unidos. Posteriormente continuaron registrándose ausencias justificadas hasta que, a partir del 20 de octubre, acumuló seis faltas consecutivas sin justificación.
La Constitución establece consecuencias para los legisladores que dejan de asistir durante diez días consecutivos sin causa justificada o licencia previa. Por ello, el caso abrió interrogantes sobre los criterios utilizados por la Mesa Directiva para justificar las ausencias de Ruiz y evitar que se activaran los mecanismos previstos para llamar a su suplente.
Ante la controversia, el presidente del Senado, Higinio Martínez, informó que se aplicarían descuentos correspondientes a las seis inasistencias injustificadas. De acuerdo con información publicada este 12 de noviembre, el monto asciende a aproximadamente 38 mil pesos. Sin embargo, las otras 12 faltas quedaron justificadas, por lo que no se contempla descontar la totalidad de las remuneraciones recibidas durante su ausencia.
El caso también ha provocado críticas dentro del propio Morena. Legisladores del partido consideraron que Ruiz debió solicitar licencia desde el momento en que tuvo conocimiento de que no podría regresar a México para cumplir presencialmente sus funciones. La situación ha puesto bajo discusión si las justificaciones otorgadas fueron suficientes y si las reglas parlamentarias se aplicaron con el mismo rigor que correspondería a cualquier integrante del Senado.
Karina Ruiz llegó a la Cámara alta como representante de los mexicanos residentes en el extranjero, una responsabilidad que implica llevar sus demandas al Congreso. Sin embargo, su situación personal ha terminado por abrir un debate sobre las obligaciones que acompañan al cargo y los límites de las facilidades concedidas a los legisladores.
La senadora ya tiene licencia y el Senado anunció descuentos, pero quedan preguntas sobre los recursos que recibió durante los 72 días sin asistir presencialmente. El asunto no consiste únicamente en determinar cuánto dinero se le pagó, sino en esclarecer por qué se justificaron determinadas ausencias y si se cumplió correctamente la normativa. Porque representar a los ciudadanos implica derechos y remuneraciones, pero también obligaciones que deben rendirse ante quienes financian el funcionamiento del Congreso.















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