El aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato, presentado inicialmente como uno de los mayores golpes contra el huachicol, enfrenta cuestionamientos mientras la Fiscalía General de la República (FGR) continúa investigando la procedencia y situación legal del hidrocarburo.
El combustible fue localizado en una terminal ubicada en San José Iturbide como parte de una investigación sobre su posible procedencia ilícita. Sin embargo, la legalidad de los millones de litros asegurados todavía debe determinarse mediante la revisión de documentación y los peritajes correspondientes.
La empresa responsable de la terminal ha sostenido que sus operaciones son legales y exhibió una autorización federal vigente para el almacenamiento de combustibles, además de asegurar que cuenta con permisos de los distintos niveles de gobierno. La instalación tiene capacidad autorizada para almacenar hasta 100 millones de litros.
Este punto resulta fundamental, ya que la presencia de 59 millones de litros de combustible dentro de una terminal autorizada para almacenarlo no demuestra, por sí misma, que se trate de hidrocarburo robado o de procedencia ilícita.
Mientras la FGR continúa revisando documentos y realizando los estudios correspondientes, la terminal retomó actividades. En el lugar se ha registrado nuevamente el movimiento de trabajadores, vehículos y pipas.
El caso ha generado cuestionamientos por la forma en que inicialmente se presentó el operativo. El aseguramiento de 59 millones de litros produjo titulares sobre un golpe histórico al huachicol, aunque la investigación todavía debe acreditar jurídicamente el origen ilícito del combustible.
Será la FGR la encargada de determinar si existen irregularidades y establecer responsabilidades. Hasta que concluyan las investigaciones, no puede afirmarse que la totalidad del combustible asegurado corresponda a huachicol.
La incógnita permanece sobre uno de los aseguramientos de combustible más llamativos anunciados recientemente: si las autoridades no logran acreditar su procedencia ilícita, el denominado “golpe histórico” contra el huachicol podría terminar siendo mucho mayor en términos mediáticos que judiciales.
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