La FGR abrió investigaciones contra la Fiscalía de Chihuahua por el operativo en el que autoridades estatales aseguraron un presunto narcolaboratorio en la sierra. El argumento federal apunta a posibles irregularidades, invasión de competencias, fallas en cadena de custodia y la presunta presencia de agentes extranjeros durante el operativo.
Sí, cualquier operativo debe cumplir la ley. Si hubo participación irregular de agentes extranjeros, si no se respetaron protocolos o si se rompió la cadena de custodia, eso debe investigarse. Pero la pregunta incómoda es otra: ¿por qué el aparato federal parece moverse con tanta rapidez cuando el golpe al narco lo presume un gobierno del PAN?
El contraste pega porque México vive una crisis brutal de violencia. Hay desaparecidos, asesinatos, extorsiones, reclutamiento criminal, carreteras tomadas por el miedo y comunidades desplazadas por la inseguridad. Y frente a todo eso, la respuesta institucional muchas veces no se siente igual de urgente ni igual de dura.
Morena habla de soberanía, pero para muchas familias la soberanía ya fue rota desde hace años por los cárteles que controlan caminos, pueblos y territorios. La discusión no puede reducirse solo a si hubo presencia extranjera en un operativo; también tendría que preguntarse por qué el crimen organizado ha ganado tanto espacio dentro del país.
El mensaje político es fuerte: pareciera que molesta más quién hizo el operativo que el narcolaboratorio que supuestamente estaba operando. La FGR debe investigar cualquier irregularidad, pero México también espera que esa misma fuerza se use contra quienes desaparecen, extorsionan, reclutan y matan todos los días.
Porque si el Estado solo se endurece contra sus adversarios políticos, pero se vuelve lento frente al crimen, la justicia deja de parecer justicia y empieza a parecer ajuste de cuentas. La pregunta queda abierta: ¿el problema es defender la soberanía o castigar a quien exhibió que el narco sigue operando donde el gobierno federal no pudo frenarlo?
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