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¿Desmayo o actuación? Néstor Vargas termina en el suelo durante protesta de trabajadores judiciales en Durango

Lo que debía ser una reunión para escuchar las inconformidades de trabajadores del Poder Judicial terminó en un zafarrancho que ya circula por las redes sociales. Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), acabó tendido en el suelo durante una protesta en Durango, en medio de empujones y reclamos de empleados que temen perder sus puestos de trabajo. Mientras algunos manifestantes aseguran que el funcionario exageró su caída para evitar los cuestionamientos, el organismo sostiene que fue víctima de una agresión.

El incidente ocurrió el viernes 6 de noviembre, durante una visita de Vargas Solano a las instalaciones del Vigésimo Quinto Circuito Judicial, en la capital duranguense. Alrededor de 500 trabajadores se movilizaron para expresar su rechazo a los nuevos mecanismos de evaluación laboral, que consideran una amenaza para su estabilidad y los derechos adquiridos durante años de servicio.

La inconformidad tiene un motivo concreto. El nuevo esquema contempla evaluaciones de conocimientos y desempeño, pero los trabajadores cuestionan que el 60% de la calificación pueda depender de valoraciones realizadas por superiores y compañeros. Aseguran que este mecanismo abre la puerta a decisiones subjetivas, favoritismos y posibles represalias laborales, especialmente contra quienes tienen décadas de antigüedad.

La tensión aumentó cuando los manifestantes exigieron hablar directamente con Vargas Solano. Según los reportes, inicialmente se planteó que una comisión de 15 trabajadores fuera recibida por el funcionario. Sin embargo, los inconformes insistieron en que sus demandas fueran escuchadas y, durante el intento de acercamiento, comenzaron los empujones.

Fue entonces cuando ocurrió la escena que desató la polémica. Entre jaloneos y gritos, Vargas Solano terminó en el suelo y tuvo que ser auxiliado por integrantes de su equipo. El momento quedó registrado en video y rápidamente provocó versiones encontradas. Algunos trabajadores aseguraron que nadie lo empujó intencionalmente y acusaron al funcionario de exagerar el incidente, mientras que el OAJ sostuvo que se trató de una agresión.

Sin embargo, las imágenes difundidas no permiten determinar de manera concluyente si hubo una agresión deliberada, una caída accidental o una simulación. Por lo tanto, las acusaciones de que Vargas Solano fingió un desmayo no están acreditadas. Lo que sí quedó documentado fue el enfrentamiento entre los trabajadores y el titular del organismo encargado de administrar los recursos y el personal del Poder Judicial federal.

Después del incidente, el funcionario sostuvo una reunión con representantes de los inconformes. El OAJ informó que Vargas Solano escuchó sus preocupaciones y se comprometió a llevar las propuestas al pleno del organismo. También aclaró que las evaluaciones previstas para diciembre tendrán inicialmente un carácter diagnóstico y no provocarán automáticamente la pérdida de plazas.

Pero las explicaciones no han terminado de convencer a los trabajadores. Sus representantes insisten en que no se oponen a ser evaluados, sino a que su permanencia laboral pueda depender de criterios que consideran poco transparentes. Además, señalan que las modificaciones fueron establecidas sin consultar suficientemente a quienes deberán someterse a ellas.

La protesta en Durango tampoco fue un hecho aislado. Trabajadores del Poder Judicial se movilizaron en distintas entidades del país para expresar preocupaciones similares. La inconformidad refleja las tensiones que persisten alrededor de los cambios administrativos derivados de la reforma judicial y sus consecuencias para el personal.

Al final, la caída de Néstor Vargas terminó por robarse los reflectores, pero el problema de fondo sigue sin resolverse. Cerca de 500 trabajadores exigen certeza sobre su futuro laboral y garantías de que las evaluaciones serán objetivas. Más allá de determinar si el funcionario tropezó, fue empujado o exageró su reacción, las autoridades judiciales tienen una responsabilidad pendiente: explicar con claridad las nuevas reglas y demostrar que los derechos laborales estarán protegidos.

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