Una emergencia de salud mental no debería convertirse en una tragedia por falta de atención médica o recursos económicos. Con esa premisa, el Congreso de Durango aprobó una nueva legislación para fortalecer la prevención del suicidio, establecer responsabilidades para distintas instituciones y garantizar que ninguna persona en crisis sea rechazada en un hospital público o privado por no poder pagar en ese momento.
Uno de los cambios más importantes es precisamente la obligación de brindar atención inmediata ante una emergencia relacionada con la salud mental. La medida busca evitar que una persona en situación de riesgo quede desprotegida por cuestiones económicas o administrativas, reconociendo que una intervención oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
La nueva legislación también establece que prevenir el suicidio no puede ser responsabilidad exclusiva de médicos y psicólogos. Dependencias como Salud, Educación, Seguridad Pública, Protección Civil y la Fiscalía deberán trabajar de manera coordinada, con protocolos de atención y personal capacitado para identificar señales de riesgo y responder adecuadamente ante una crisis.
Esto significa que policías, rescatistas y otros servidores públicos que suelen tener el primer contacto con personas en situaciones de emergencia deberán contar con herramientas para intervenir de manera oportuna y respetuosa. La intención es que la respuesta institucional no dependa de la dependencia que reciba primero el llamado de auxilio.
Otro aspecto relevante es el acompañamiento después de una crisis. La ley contempla mecanismos de seguimiento para personas que han enfrentado conductas suicidas, así como apoyo psicológico para familiares y seres queridos que atraviesan la pérdida de alguien por suicidio. El objetivo es evitar que la atención termine cuando concluye la emergencia y ofrecer respaldo durante los procesos de recuperación y duelo.
La diputada Gabriela Vázquez Chacón, integrante de la Comisión de Salud del Congreso, destacó que la legislación comenzó a impulsarse desde 2024 y representa un avance importante para Durango. Sin embargo, reconoció que aprobar nuevas disposiciones no garantiza por sí mismo que disminuyan los casos. La verdadera diferencia dependerá de que las instituciones cumplan con las responsabilidades que ahora se les asignan.
Y ahí comienza el principal desafío. Una vez publicada la ley, las autoridades tendrán un plazo de seis meses para definir estrategias, establecer mecanismos de coordinación y determinar cómo evaluarán los resultados. Será necesario pasar de las disposiciones escritas a servicios accesibles, personal capacitado y respuestas efectivas para las familias duranguenses.
La legisladora fue clara al advertir que una ley por sí sola no salva vidas. Su aplicación requerirá compromiso institucional, recursos y acciones permanentes de prevención. Porque detrás de cada caso hay personas que necesitan ser escuchadas, atendidas y acompañadas, muchas veces antes de que una situación se convierta en una emergencia.
Durango ha dado un paso legislativo importante, pero la verdadera prueba llegará cuando una persona solicite ayuda y encuentre una respuesta inmediata. El éxito de esta nueva ley no se medirá por su aprobación en el Congreso, sino por su capacidad para ofrecer atención, acompañar a las familias y contribuir a prevenir nuevas muertes.

















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